Un empresario de la construcción denunció que fue estafado con Bs 20.000 para la adjudicación de una obra de casi 1 millón de bolivianos, licitada por la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial. La denuncia penal será presentada en las próximas horas ante el Ministerio Público, en Sucre.
Cuando salió la convocatoria, en noviembre de 2021, el empresario afectado recibió una llamada al teléfono de su domicilio. Era una persona que se hizo pasar como miembro de la Comisión de Calificación de la licitación para la construcción de muros perimetrales en un terreno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, cuyo costo superaba el millón de bolivianos. El supuesto miembro de esa comisión le prometió que le adjudicarían la obra a cambio del pago del 10% del costo.
Según lo revelado por el denunciante a CORREO DEL SUR, él le respondió que no necesitaba pagar porque ya había “charlado” con otras personas.
INSISTENCIA
Ante esta respuesta, el estafador le advirtió: “cuidado que se arrepienta, nosotros somos de la comisión y aquí decidimos todo”.
“Como el proyecto era de 1 millón de bolivianos y recibí la llamada de una persona que conoce de la licitación, sabe que presenté mi propuesta, sabe la dirección y el número de teléfono de mi casa, mi teléfono celular. ¿Quiénes pueden saber de mis datos? Solamente los de la comisión de calificación, nadie más”, agregó el empresario, de profesión arquitecto, que trabaja en este sector alrededor de 20 años.
LA SORPRESA
El supuesto miembro de la DGAF le envió un número de cuenta bancaria y el empresario, ahora víctima, hizo el depósito de 20.000 bolivianos para adjudicarse la obra.
Pero al día siguiente reclamó que no había ninguna resolución de adjudicación vía Sicoes y el estafador, inicialmente, le pidió esperar unos minutos. Cuando lo volvió a llamar, ya había desconectado su teléfono celular.
El denunciante asegura haber acudido donde el asesor de la DGAF para hacerle conocer lo que había pasado y este funcionario le aconsejó presentar su denuncia, que la institución se constituiría en parte coadyuvante en el proceso penal.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Oruro, Marcos Jaimes, dijo que pidió informes a la DGAF y que negaron que el estafador perteneciera a la institución. En todo caso, solicitan que se presente la denuncia penal.
La obra licitada fue construida por otra empresa y será entregada el próximo 1 de julio.
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