García-Sayán expone deficiencias y corrupción de la justicia boliviana ante la ONU y cita el caso de Áñez

En la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el relator para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, manifestó este martes que el caso de Jeanine Añez pone de manifiesto temas estructurales de la administración judicial boliviana y sostuvo que toda persona tiene derecho a un juicio justo sin excepción.

En su intervención, García-Sayán mencionó las observaciones y recomendaciones que emanaron de la visita que realizó a Bolivia en febrero de este año.

Entre sus consideraciones, señaló que Añez está en prisión preventiva desde marzo de 2021 y enfrenta a dos procesos penales por hechos ocurridos el 2019.

“Dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la administración justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no tiene, ni debe tener, no puede tener ninguna excepción”, afirmó el Relator.

Recordó que, durante su visita a Bolivia, Añez se encontraba en huelga de hambre, ante lo cual enfatizó que “el Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad y es del Estado la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”.

Observaciones

García Sayán observó deficiencias en la justicia como la retardación y corrupción. “La retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”, señaló.

Sobre la jurisdicción indígena originaria campesina, mencionó que está limitada seriamente el ámbito material, la debilidad de la carrera judicial, el rezago procesal y la limitación de la cobertura de los servicios judiciales, código procesal demasiado formalista y modelos anacrónicos de gestión de tribunales.

García-Sayán también se refirió a las masacres de Senkata, Sacaba y de la zona Sur producidas en la crisis de 2019 y lamentó que las víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia.

Observó, asimismo, que siete de cada diez personas privadas de libertad están sin condena y que la tasa de hacinamiento es del 349%.

El funcionario de Naciones Unidas se refirió también al actual sistema de designación de las altas autoridades judiciales. Indicó que no ha dado los resultados esperados y recibe extendida crítica, puesto que la preselección de candidatos a ser sometidos a votación popular es realizada por un órgano político: la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Recomendaciones

En su informe, García-Sayán se refirió a algunas recomendaciones que contiene su informe sobre Bolivia y destacó que ve la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre la justicia.

Pidió extremar esfuerzos para reconstituir la confianza entre todos los actores políticos institucionales de la justicia, un debate nacional sobre las reglas de designación de los integrantes de las altas cortes, reformar la Ley de Deslinde Jurisdiccional ampliando competencia de la jurisdicción indígena.

También recomendó restablecer la justicia de paz como una forma de mejorar el acceso a la justicia y descongestionar tribunales, brindar recursos apropiados al sistema judicial y un plan de reforma en la gestión que ahora es ineficiente.

Otras recomendaciones de García-Sayán consisten en establecer una efectiva carrera judicial regularizando a los jueces transitorios antes del final de este año, atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas y poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas.

Respecto a la crisis política del 2019-2020, instó a que el Ministerio Público realice investigaciones de oficio sin hacer caer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas.