Sala Plena del Consejo cesa a 13 jueces ordinarios y 18 disciplinarios
Destituidos por liberar a presos sentenciados por violación, feminicidio y asesinato y por denuncias de retardación de justicia.
Trece jueces ordinarios y 18 disciplinarios fueron cesados de sus funciones en lo que va del año por liberar a presos sentenciados por violación, feminicidio y asesinato y por denuncias de retardación de justicia. En cuanto a los disciplinarios, por presunta protección y por demorar en las sanciones a funcionarios jurisdiccionales.
Ayer, martes, tres jueces de Santa Cruz dejaron de pertenecer al Órgano Judicial tras una intervención que estableció posibles responsabilidades penales y disciplinarias en su contra.
El 8 de junio, el Consejo de la Magistratura informó de la intervención de los juzgados de Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo y de El Torno, donde había procesos con excesiva demora en la resolución de causas en contraposición a otras cuyas sentencias salían con diligencia y prontitud.
Como resultado de esa intervención, la Sala Plena determinó ayer la cesación de los jueces Alberto Ceballos Aguilera (de la zona Pampa de la Isla) y Freddy Céspedes Solís (de Villa Primero de Mayo) y aceptar la renuncia del juez Jaime Aráoz (de la zona de El Torno), informó el presidente del Consejo, Marvin Molina.
Además de la cesación, la Sala Plena decidió presentar denuncias penales y disciplinarias contra los tres jueces y sus secretarios de despacho, sobre la base de un informe final de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización.
Según datos de la Unidad de Control y Fiscalización, en lo que va del año fueron destituidos 10 jueces de Ejecución Penal y 18 jueces disciplinarios. Aunque estos últimos siguen en sus cargos mientras se concluye con la nueva convocatoria, se designa y posesiona a sus reemplazantes.
Los jueces de ordinarios, 10 de Ejecución Penal y tres de Santa Cruz, fueron destituidos producto de una intervención a sus despachos.
DESPIDOS EN DDRR
Además de los jueces, los consejeros destituyeron a los registradores de Derechos Reales de Santa Cruz y Oruro, acusados de cometer faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones.