Imputación de la Fiscalía por caso Ambulancias no llega al Gobernador de Potosí

El Ministerio Público concluyó que el Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, no es responsable de la adquisición irregular de las 41 ambulancias, pese a que la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad.

En su resolución, la Fiscalía decidió imputar a tres funcionarios de la Comisión de Recepción del Proceso de Contratación de la Gobernación potosina por el delito de falsedad ideológica.

“El Ministerio Público cuenta con los indicios suficientes para imputar a los ciudadanos Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino y David Favio Pozo Medrano (…) Se llega a concluir que existen suficientes elementos que hacen presumir la existencia de un hecho con entidad penal y la participación efectiva de los ahora imputados”, señala una parte del documento al que tuvo acceso la ANF y donde no menciona al actual Gobernador potosino.

En enero pasado se reveló que la Gobernación de Potosí adquirió, mediante compra directa, un lote de 41 ambulancias que aún no habían llegado. Luego, se conoció que llegaron al puerto de Iquique y que los vehículos eran reacondicionados. Por ese hecho, la Fiscalía recibió cuatro denuncias en contra del Gobernador y una decena de funcionarios.

Tres meses después, la Fiscalía citó a declarar a Mamani en calidad de denunciado; antes, en marzo, la Contraloría General del Estado, a través de un informe, señaló que “existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidades de la Máxima Autoridad Ejecutiva (el Gobernador), como del Responsable de Procesos de Contratación”.

Según el documento, los ciudadanos Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino y David Favio Pozo Medrano formaron parte de la Comisión de Recepción del Proceso de Contratación de la Gobernación, de acuerdo con las especificaciones técnicas registradas en el formulario 500 (recepción de bienes y obras y servicios), documento que figura en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

“Sin embargo, se pudo advertir que en los hechos no se llegó a recepcionar dichos bienes. Además, enfatizan que los documentos adjuntos al formulario 500 publicados en el Sicoes se constituyen en declaraciones juradas, por ende, dan fe al cumplimiento de contrato”, argumenta la Fiscalía en el documento.