Dos militares van a prisión preventiva por los conflictos de 2019

Los militares Iván Inchauste R. y Pablo Guerra C. fueron remitidos a la cárcel San Pedro de La Paz con detención preventiva por cuatro meses. Ambos son investigados por los conflictos que se produjeron en Huayllani, Cochabamba, en noviembre de 2019.

El fiscal del caso, Fabricio Daza, explicó que la audiencia cautelar se desarrolló contra cuatro jefes militares: dos fueron remitidos a la cárcel, mientras que Aldo Bravo y Moisés Mejía se beneficiaron con detención domiciliaria con custodios y el pago de una fianza de Bs 150 mil por su delicado estado de salud.

“Se ha otorgado la detención preventiva de dos militares por el plazo de cuatro meses, mientras que otros dos fueron beneficiados con detención domiciliaria y una fianza económica de 150.000 bolivianos”, informó. 

Los cuatro militares fueron imputados por los delitos de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato en el puente Huayllani, de Sacaba, en noviembre de 2019, donde fallecieron 12 personas por armas de fuego y otras 125 resultaron heridas.

AUTORÍA

El Ministerio Público explicó que se demostró la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización en la investigación, por lo que se solicitó la detención preventiva para los cuatro imputados; sin embargo, dos de ellos alegaron tener problemas de salud.

Por otra parte, el representante de los familiares de las víctimas, Roberto Jukimari, observó el avance de las investigaciones y reclamó que aún se encuentre en etapa preparatoria cuando pasaron más de dos años del conflicto que ocasionó la renuncia de Evo Morales.

APELACIÓN

Con relación a la detención domiciliaria de los dos uniformados, Daza adelantó que presentarán una apelación a la decisión del juez.

La audiencia se prolongó por más de 12 horas, donde se presentaron los familiares de las víctimas que exigían justicia. Mientras que otro grupo de personas del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidieron la libertad de los militares.

“(Las muertes se han ocasionado con) proyectiles que no son de unidades militares. Esperamos que se tomen en cuenta esas pruebas para que los imputados sean liberados”, dijo Fernando Valencia en representación del Conade.

Según el informe del fiscal, se ampliaron las investigaciones contra el coronel Óscar Armando Caba Hurtado y el instructor militar Boris Cristian Pastor Paz.

EL GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó que en 2019 hubo masacres en Sacaba y Senkata, además de una violencia racista que requiere sanción. Asimismo, observó deficiencias para garantizar la independencia judicial en el país.

El GIEI analizó las violaciones a derechos humanos desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre, periodo en el cual hubo en el país al menos 37 fallecidos en el marco del conflicto electoral.