El Gobierno promulga este lunes ley de justicia restaurativa

El ministro de Justicia, Iván Lima, observó que la Contraloría General del Estado no haya continuado con la investigación del desfalco millonario al Fondo Indígena, siete años después de que se develara ese hecho de corrupción. No obstante, anunció la probable aplicación a este caso de la “justicia restaurativa”, que está contemplada en la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, a promulgarse este lunes, según conoció CORREO DEL SUR.

La autoridad adelantó que el presidente Luis Arce promulgará la ley 179/2021 que modifica aspectos fundamentales en la lucha contra la corrupción y aplicará la justicia restaurativa en el país, norma que servirá para solucionar procesos como el caso Fondo Indígena y que sean resueltos dentro el debido proceso.

Entre las modificaciones que trae esta norma está el incremento de la pena de 10 a 20 años de prisión para los administradores de justicia vinculados con hechos de corrupción.

“El presidente Arce promulgará una ley que nos permitirá solucionar temas como el que se nos plantea en este momento. ¿Qué le está diciendo el presidente Luis Arce al país? que la justicia restaurativa es un principio de la Constitución que estamos acogiendo para la solución concreta como temas de Elvira Parra”, precisó.   

Parra está recluida desde el 2015, al igual que Aramayo (fallecido), enfrenta 190 procesos penales que la llevan por varios departamentos a responder por proyectos inclusos a consecuencia del presunto desvío de fondos, supuestamente, a cargo de dirigentes sindicales afines al partido de gobierno.

CRITICA A CONTRALOR

“El Contralor del Estado ha iniciado con este caso, ha terminado su mandato ayer y no encontró una solución. Probablemente la postura que estamos asumiendo como Gobierno es de darle al Fondo Indígena el carácter de caso emblemático para que la justicia restaurativa sea la solución”, dijo Lima en contacto con Erbol.

En febrero de 2015, la Contraloría, presidida por Gabriel Herbas, presentó un informe en el que estableció que 153 proyectos no fueron concluidos pese a que recibieron financiamiento para su ejecución. Además, identificó un daño económico al Estado por $us 182,7 millones, de los cuáles solo se logró recuperar 1,4 millones. En ese hecho se vieron envueltos los principales dirigentes de las organizaciones sociales afines a Evo Morales.

A la vez, la autoridad admitió que no fue correcto que el anterior titular de la Contraloría cierre el caso y no se hayan identificado a los responsables del desvío de los recursos económicos. En ese contexto, lamentó que después de siete años no se haya emitido una sentencia.

“En otros tiempos de la vida del país cerrar la carpeta del Fondo Indígena habría sido darle al país una solución que seguramente habría sido aplaudida, pero esto no es correcto y lo que señala nuestra Constitución es que cuando hay un delito debe haber una sentencia”, señaló.

Tras la presentación del informe por parte de Herbas, el exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo fue detenido y enviado a la cárcel de San Pedro donde permaneció recluido por siete años hasta que falleció, víctima de tortutas, retardación de justicia, entre otras irregularidades.

El 2 de julio de 2016, Herbas comunicó que el caso Fondo Indígena estaba “concluido” y que en el proceso de investigación no se encontró ninguna irregularidad cometida por la exministra Nemesia Achacollo, pese a que esta autoridad ocupó durante muchos años la presidencia del directorio de esa institución.

PEOR PARTE

Del total de los investigados, Aramayo y Elvira Parra se llevaron la peor parte, esta última continúa recluida en un centro penitenciario de La Paz. Mientras que el resto de los procesados recobraron su libertad, incluso Daniel Zapata continua prófugo. 

SUBE LA PENA

El proyecto de ley que aumenta la pena de 10 a 20 años de privación de libertad para jueces y fiscales prevaricadores fue sancionado por la Cámara de Diputados y remitido al Ejecutivo para su promulgación. La norma apunta contra los funcionarios que favorezcan a feminicidas, infanticidas o violadores de infantes, niñas, niños y adolescentes.