Jueces se declaran en emergencia: La ampliación de la pena por prevaricato no evitará delitos

El presidente Luis Arce promulgó este lunes la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante que, entre otras medidas, dispone la ampliación de la pena para jueces que incurran en delitos como prevaricato y consorcio.

Con la nueva norma, la pena por el delito de prevaricato sube de un máximo de 10 años a 20 años de cárcel. “El delito de consorcio también sube la pena de 5 a 10 años de privación de libertad, consorcio es cuando los fiscales, los jueces, los policías, la administración de Justicia actúa en contra las víctimas”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Esta ley fue observada por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), ya que fue aprobada sin tomar en cuenta las observaciones de esta institución ni el análisis presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes de que sea sancionada y enviada al Ejecutivo para su promulgación

La presidenta de la Amabol, Grenny Bolling, lamentó que los jueces del país hayan sido excluidos de las comisiones donde se analizaron esta ley y donde podían haber advertido de las consecuencias que pueden emerger por la ampliación de las penas en delitos de prevaricato.

“No estamos en desacuerdo con la modificación de la norma, lo que sí en la ampliación de la pena, si bien los últimos acontecimientos suscitados en Bolivia son graves y tocaron la parte más sensible de la sociedad como son los feminicidios, pero eso no se soluciona con el incremento de la pena a los jueces, lamentamos que esa sea la posición sin tomar en cuenta que uno de los pilares del Estado es precisamente la independencia de poderes y la independencia judicial y del juez al momento de emitir una resolución”, sostuvo.

 

Recalcó que el juez “tiene que estar libre de toda presión al momento de emitir una resolución”, por lo que considera que esta nueva norma afecta a la independencia de los jueces y magistrados.

Ante esta situación, la Amabol se declaró en “estado de emergencia” y, en las próximas horas, la directiva tomará medidas con el objetivo de revertir la ampliación de la pena por prevaricato.

La nueva ley, según destacó el Gobierno, surgió a raíz de la liberación irregular de acusados de feminicidios y violación, cuyos casos salieron a la luz por el trabajo de una comisión especial creada tras el escándalo del feminicida y violador serial Richard Choque, beneficiado por jueces y fiscales para salir de la cárcel y seguir cometiendo crímenes.