El Ministerio Público lleva a juicio al exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y al expresidente de YPFB, Herland Xavier Soliz, miembros del gobierno de Jeanine Áñez, contra quienes presentó acusación formal por la comisión de delitos en el proceso de contratación de seguros generales para esta empresa, en 2020.
Los dos acusados están en la clandestinidad pero al estar procesados por delitos de corrupción el Ministerio Público seguirá el proceso en rebeldía y anunció que pedirá una sanción de 10 años de prisión.
El director de la Fiscalía en Delitos contra la Corrupción, Aldrin Barrientos, informó ayer, martes, que en el caso YPFB Seguros, el proceso de contratación irregular se ejecutó en abril de 2020, se acusa a cuatro personas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
“Por estos delitos, el Ministerio Público está solicitando la sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes”, indicó Barrientos, al afirmar que se colectaron “61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales” en la etapa preparatoria del proceso.
El exministro de Hidrocarburos y el expresidente de YPFB se “encuentran en calidad de rebeldes”, informó la Fiscalía. Y como son acusados por corrupción, está “habilitado el juicio en rebeldía”. Ambos cuentan con mandamientos de aprehensión.
Se conoce que ambas exautoridades están fuera del país. El exministro Zamora mantiene en reserva el lugar donde se encuentra, pero afirmó en abril de 2021 que “goza de protección”.
Entretanto, las otras dos personas acusadas, la exgerente Legal de YPFB, Elizabeth García, y el ciudadano Daniel Terrazas, cumplen arraigo, detalló Barrientos.
¿DAÑO ECONÓMICO?
Consultado sobre el supuesto daño económico al Estado, Barrientos señaló que el proceso de contratación fue dejado sin efecto pero los beneficios económicos se vieron truncados por la omisión de una licitación pública por parte de estas autoridades, la misma que se establecerá en el juicio oral.
“Esperamos que con estos elementos se establezca en un juicio oral, por parte de las autoridades judiciales, cuál es el daño económico”, remarcó.
VULNERA NORMAS
Los acusados habrían habilitado deliberadamente la resolución 78/2020 de 31 de marzo, vulnerando las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181, es decir, las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
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