La Fiscalía imputó al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por la fallida compra de 41 ambulancias para los municipios potosinos y solicitó medidas cautelares debido al peligro de fuga y obstaculización al proceso.
La máxima autoridad del departamento potosino es acusado de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, entre otros delitos. También están imputados Rubén Moisés Miranda, Luis René Loayza, Elegido Peñaranda, Ramiro Luis Choque y Jorge Pablo Velarde.
De acuerdo con el documento de la imputación al que accedió CORREO DEL SUR, el Ministerio Público señala que existe peligro de fuga del gobernador Mamani y que este tiene “facilidades de abandonar el país o permanecer oculto”, debido a que “no cuenta con un domicilio preciso, conforme con datos del Segip (Servicio General de Identificación Personal) y su declaración informativa”.
“Su domicilio real sería en el municipio de Tahua, empero se sabe que por la función que cumple de Gobernador de Potosí, el mismo tendría que contar con un domicilio que reúna las condiciones de habitualidad y habitabilidad en la ciudad de Potosí”, agrega la Fiscalía.
También señala que Mamani “cuenta con un proceso penal anterior aperturado en su contra”, por lo que queda “plenamente acreditado este riesgo (de fuga)”.
Sobre el peligro de obstaculización, la Fiscalía indica que Mamani puede incurrir en es riesgo porque los imputados dependen o dependieron del Gobierno departamental de Potosí que él dirige.
Además, hace notar que el Gobernador “hubiese inducido a regularizar las firmas de algunos miembros de la comisión de calificación (de la compra de ambulancias), situación que acredita la concurrencia de riesgo procesal”, un hecho que se advierte en “un audio presentado en un CD” de una conversación de Mamani y Luis Sandro Camiño Leniz, otro de los imputados por el caso Ambulancias.
Por estas razones, la Fiscalía solicita la aplicación de medidas cautelares personales, es decir, la detención domiciliaria, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez a la semana, prohibición de comunicarse con determinadas personas, fianza personal o económica, prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine.
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