El MAS impulsa la modificación de la Ley 044 de juicio de responsabilidades contra altas autoridades nacionales, sobre todo, judiciales, para acortar el procedimiento en la tramitación de denuncias que demoran demasiado o no hay sancionados, según dijo la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa, proyectista de la Ley 1443 que agrava las penas en delitos de prevaricato de operadores judiciales.
La legisladora dijo que se tramitan en esta comisión alrededor de 20 denuncias de juicio de responsabilidades contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y consejeros de la Magistratura por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, nepotismo y otros.
Reveló que durante el receso legislativo, el mes pasado, ingresaron nuevas denuncias que serán derivadas a los comités de Ministerio Público para su investigación y posterior aprobación.
Tupa dijo que esta comisión procesa las denuncias por la comisión de delitos contra altas autoridades nacionales y, en este trabajo, observaron que los plazos y procedimientos para el trámite son demasiado largos y no se puede concluir en una legislatura de un año, por eso promovieron modificaciones a esta ley.
“Es uno de los proyectos de ley que fue presentado a la comisión sobre la modificación de la Ley 044 y hacemos seguimiento no solamente a los procesos ordinarios, sino también contra altas autoridades”, enfatizó.
PROCESOS CERRADOS
Comentó que en lo que va de este año, tuvieron que cerrar varios procesos pendientes de 2021, la mayoría con rechazos por falta de pruebas o denuncias que fueron presentadas fuera de plazo, o cuando la autoridad demandada ya no está en el cargo.
“Nosotros juzgamos a autoridades en ejercicio de la función, les pedimos que no duden en denunciar y evaluar las causales y no impulsar doble proceso en otras instancias”, añadió.
Tupa dijo que en esta legislatura no hubo autoridades judiciales sancionadas debido a que, en varios procesos, las demandas no cumplían con los requisitos de admisión.
SIN IMPUGNACIÓN
El abogado constitucionalista Jaime Hurtado observó que de los juicios de responsabilidades le preocupa, sobre todo, un detalle establecido en la Constitución Política del Estado, que estos procesos se resuelven en única instancia. Señaló que esto vulnera el Pacto de San José de Costa Rica, que prevé el derecho a la impugnación, la apelación; en su criterio, esto sí requiere de una modificación normativa.
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