Abogados: Tesis para La Calancha puede servir en Sacaba y Senkata

Abogados y un exconstituyente que siguieron de cerca lo ocurrido en La Calancha en 2007 coinciden en señalar que hubo un uso excesivo de la fuerza policial que provocó tres muertes en el caso “Noviembre Negro”. En criterio de la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), Silvia Padilla, el alegato de la Procuraduría ante la CIDH sobre la intervención de la Policía es “muy peligroso” porque, entonces, tendría que ser aplicado también en los hechos de Sacaba y Senkata “para medir todos los hechos de violencia con la misma vara”.

Los juristas consultados por CORREO DEL SUR lamentaron que casi 15 años después no haya sanción para los responsables de esta “ejecución extraoficial”, tal como la calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro de una denuncia contra el Estado boliviano.

Para el abogado y exconstituyente Jaime Hurtado, “el 2007 hubo un uso desproporcionado de la fuerza; vino la Policía y la fuerza militar y otras fuerzas y eso constituye ya una vulneración a los derechos humanos, y ojalá que así salga la resolución de la CIDH”.

Expresó su desacuerdo con los alegatos de la Procuraduría General del Estado ante la CIDH para justificar la intervención policial en La Calancha. Dice no compartir el argumento de que se usó la fuerza de la institución del orden para proteger a los constituyentes, ya que no todos estaban en el Liceo Militar. Tampoco que la Policía haya sido reducida por el Comité Interinstitucional de entonces.

REPARACIÓN

En criterio de Hurtado, independientemente de si se pagó o no un resarcimiento económico a los familiares de las víctimas, el Estado tiene la obligación de iniciar un proceso penal por la vulneración de derechos humanos a las personas fallecidas y heridas, porque estos delitos no pueden quedar en la impunidad. 

“Jurídicamente la reparación no disminuye ni extingue la vulneración de derechos porque hubo un uso desproporcionado de la fuerza, y tampoco extingue la sanción al Estado vunerador”, remarcó.

Ariel Coronado, abogado que patrocinó el juicio de responsabilidades en contra del expresidente Evo Morales y su ministro de Gobierno Alfredo Rada, sostiene que el informe del Estado ante la CIDH omite que los muertos cayeron por impactos de bala y no hace referencia a los francotiradores que estaban apostados en los cerros, lo que demuestra que no es cierto que las muertes se dieron de manera confusa.

Revela que en 2020 el Ministerio Público intentó abrir un nuevo proceso en la vía ordinaria, pero la defensa impugnó esa decisión al considerar que sería empezar el caso de cero, cuando lo correcto era que sea remitido de la Asamblea Legislativa a la vía ordinaria.

“El Estado demuestra que no quiere investigar este caso y la CIDH evidenció retardación de justicia porque, después de 14 años de la denuncia de las ‘ejecuciones extrajudiciales’, no están investigadas ni debidamente sancionadas”, remarca Coronado.

El abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, señaló que este argumento del Gobierno sobre el caso de La Calancha, podría ser aplicado también en los hechos Sacaba y Senkata, en los que hay una exmandataria detenida y procesada.

“Áñez está detenida por el supuesto ‘Golpe de Estado’ y por los muertos y heridos de Sacaba y Senkata, pero Evo Morales, Alfredo Rada y los tres exjefes policiales gozan de un privilegio y siguen libres a causa del sufrimiento de las víctimas de La Calancha”, sostuvo.

LOS HECHOS

Entre el 24 y el 25 de noviembre de 2007 tres personas fallecieron por impacto de bala y cerca de 400 quedaron heridas en enfrentamientos con la Policía en La Calancha.

En esos días, una multitud de ciudadanos de Sucre salió a manifestarse a favor de que la Asamblea Constituyente, reunida en la capital, debata sobre la demanda de capitalidad plena.

En 2008 los familiares presentaron una denuncia penal para un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales, su ministro Alfredo Rada y tres jefes policiales.

El 28 de septiembre de 2015, el diputado Horacio Poppe presentó una solicitud de demanda internacional contra el Estado ante la CIDH, misma que fue admitida en julio de 2021.

El 28 de junio de 2022, el Estado presentó sus alegatos ante la CIDH justificando la intervención policial. Allí revela que familiares de las víctimas recibieron una compensación económica.