No prevén cambio de modalidad de elección en reformas judiciales

La modalidad de elección de autoridades judiciales no está contemplada en los cuatro ejes de la reforma judicial que impulsa el Gobierno y que son: Presupuesto; acceso a la justicia; justicia indígena originaria campesina; y régimen disciplinario. El viceministro de Justicia, César Siles, ratificó que no se necesita reformar la Constitución para ninguno de estos temas.

Al parecer, el Gobierno deja en un segundo plano el debate de la modalidad de selección y elección de autoridades judiciales impulsada por el grupo de juristas independientes que en julio presentaron una propuesta de cambios en esta modalidad, incluyendo una reforma parcial de la Carta Magna.

ESCUCHARÁN SUGERENCIAS

El mes pasado, el Gobierno inició en La Paz una serie de conversatorios de socialización de los cuatro ejes para implementar la reforma. Al ser consultado sobre la propuesta de reforma parcial de la Constitución para ajustar el procedimiento de elección de altas autoridades judiciales, el viceministro Siles anunció que se organizará un conversatorio para escuchar sugerencias.

Sin embargo, “personalmente, ya hemos expresado la opinión del Órgano Ejecutivo y del Gobierno nacional, no se requiere reforma constitucional para cambiar la justicia en este país”, agregó.

LOS CUATRO EJES

Inicialmente, el Gobierno había planteado seis ejes para la reforma judicial, pero después los redujo a cuatro y dejó de lado dos: Distribución uniforme de jueces y transformación digital.

El primer eje, relacionado con el presupuesto del Órgano Judicial, fue motivo de debate en el conversatorio del mes pasado. En las conclusiones, Siles dijo que hay puntos en común.

Anunció para el 25 de agosto el segundo conversatorio sobre el acceso a la justicia; posteriormente hablarán de la justicia indígena originaria campesina y finalmente sobre la transparencia, responsabilidad y régimen disciplinario del Órgano Judicial.

“Esperemos que hasta septiembre terminemos estos conversatorios, vamos a un evento final en la Vicepresidencia y tener todos los ejes de la reforma judicial socializados y desarrollados”, explicó.

En cuanto al presupuesto, Siles aclaró que la Constitución no establece un determinado monto, sino que otorga autonomía presupuestaria. “Es decir, no se requiere de modificar la Constitución para incrementar el presupuesto, pero sí pensar en coordinar con el Judicial no solo un incremento sino cómo optimizar la ejecución de su presupuesto”, puntualizó.

PROPUESTA

El miembro del grupo de juristas independientes, José Antonio Ribera, dijo que una transformación integral de la justicia debe comenzar modificando el sistema de selección y designación de los magistrados y jueces; incluir en la Constitución una norma que obligue al Estado a la asignación de un presupuesto en un mínimo del 3% de todo el Presupuesto General del Estado, y modificar la estructura del Consejo de la Magistratura.

Siles defiende al “colaborador eficaz”

La figura del “colaborador eficaz” levanta polémica en el país. Para el Gobierno, permitirá descongestionar la burocracia judicial y darle celeridad a la investigación. Para la oposición, es peligrosa porque le otorga mucho poder al Ministerio de Justicia. La administración de Luis Arce espera que el TCP declare la constitucionalidad del reglamento impugnado por parlamentarios opositores.

El 5 de agosto, la senadora Centa Rek, de Creemos, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra del Decreto Supremo 4757, que activa la figura del “colaborador eficaz” para delatar presuntos ilícitos en casos de corrupción. Según la parlamentaria opositora, “es una figura muy peligrosa para los bolivianos, atentatoria contra los derechos y garantías porque concentra un gran poder en el Ministerio de Justicia”.

En cambio el Gobierno cree que el colaborador eficaz permitirá descongestionar la burocracia judicial e investigar para llegar a la verdad histórica de los hechos en los casos de corrupción.

El viceministro de Justicia, César Siles, explicó que la norma modificatoria de la Ley 004, “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, vigente desde hace un año, da lugar al colaborador eficaz. También aclaró que esta ley no fue demandada de inconstitucional sino el decreto supremo que reglamenta la norma.

“Esperemos que el TCP, previos los trámites de rigor, pueda establecer la constitucionalidad del reglamento a una ley que establece la existencia del colaborador eficaz, que no solamente existe en Bolivia sino en varios países como una señal clara de lucha contra la corrupción”, enfatizó.

Siles dijo que esta figura legal permitirá esclarecer hechos de corrupción y concluir en los plazos establecidos por ley un proceso, sobre todo en casos en los que hay gran cantidad de personas sindicadas cuando los verdaderos responsables son menos.

Admitió que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia tienen la facultad de decidir qué estrategia asumir dentro de una investigación.