UPEA, UMSS y Uagrm no remitieron documentación en investigación de presuntas irregularidades, según Diputado
De acuerdo con el legislador del MAS, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y la Universidad Amazónica de Pando le enviaron información parcial
El diputado Héctor Arce en una conferencia de prensa este martes. Foto: captura de video El diputado del MAS, Héctor Arce, informó que tres universidades públicas no le enviaron ninguna documentación requerida para indagar presuntos hechos irregulares en el sistema universitario, en una investigación surgida por el caso Max Mendoza, por lo cual activará un Amparo constitucional.
Indicó que la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de Cochabamba; la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz; y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no le remitieron ninguna documentación.
Además, señaló que la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y la Universidad Amazónica de Pando le enviaron información de manera parcial.
“En virtud a esta negativa de estas universidades, vamos a presentar un Amparo constitucional para que estos señores, autoridades, cumplan el deber de informar, transparentar conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Estado”, dijo Arce.
Mencionó que incluso existe una sentencia constitucional, la cual establece que las autoridades tienen la obligación de responder en el menor tiempo y de forma clara.
Recordó que ha comenzado con esta tarea de fiscalización por las irregularidades que salieron a la luz en relación al caso Max Mendoza.
“Aclarar al país y al sistema universitario: no estamos cuestionando ni tocando la autonomía universitaria. Lo triste de esto es que algunos decanos, rectores y dirigentes universitarios han confundido conceptualmente lo que quiere decir autonomía y soberanía”, manifestó.
El diputado anunció que para revisar la documentación está armando un equipo con abogados, administrativos, auditores, economistas y especialistas en recursos humanos.
“A partir del lunes a primera hora vamos a revisar toda esta documentación, que es mucha información, para informarle al pueblo boliviano si el manejo que ha realizado el sistema público de los recursos que es del pueblo se lo ha realizado de manera transparente, si las contrataciones o designaciones de docentes lo han realizado o no en el marco de la ley”, agregó.
