Dan 15 años de cárcel a Marco Cámara por el caso Katanas; hay otros tres condenados
Transcurrieron seis años desde la denuncia del caso del local Katanas en La Paz. Foto: ARCHIVO A seis años de haberse iniciado la investigación por irregularidades en el extinto local nocturno Katanas, ubicado en la ciudad de La Paz, el Tribunal Séptimo de Sentencia de esa urbe sentenció a Marco Hernán Cámara Rodríguez a 15 de cárcel en la cárcel de Chonchocoro. Dentro del mismo proceso fueron condenadas otras tres personas con penas que van de 10 a 12 años en la cárcel San Pedro.
Cámara, quien era el propietario del establecimiento, se encontraba recluido preventivamente en San Pedro, sin embargo, con la determinación judicial deberá cumplir su pena en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Viacha, por el delito de trata y tráfico de personas, informó la abogada Paola Barriga.
El mismo Tribunal sentenció a Jaime Mendoza Cabrera, exfuncionario de la Alcaldía de La Paz, y a Miguel Ángel Nina Serna, exchofer de la Guardia Municipal, a 10 años de presidio.
La investigación estableció que este último exfuncionario fungía como “campana” al alertar al administrador de Katanas sobre los operativos para que las jóvenes explotadas fueran ocultadas dentro de las paredes falsas.
El coronel de la Policía Freddy Sergio Beyer, perteneciente a la Unidad Policial de Control Migratorio (Upcom) también fue sentenciado a 12 años de reclusión en San Pedro. Se estableció que tenía contacto con el administrador de Katanas.
Los delitos por los que fueron sentenciados los tres últimos hombres: trata y tráfico de personas en grado de complicidad y cohecho pasivo.
La denuncia fue interpuesta por la hija del propietario, Nohemy, quien acusó a su padre de “violar a muchas mujeres” que trabajan en el local. Además, cuestionó la participación de algunos funcionarios ediles que propiciaron el funcionamiento ilegal del local.
De los tres sentenciados, Mendoza y Nina tenían detención domiciliaria mientras que el uniformado se encontraba en libertad y cumpliendo funciones.
“Sentimos que se ha hecho justicia por toda esas jovencitas que lamentablemente han tenido que sufrir vejámenes y que nunca pudieron decir su verdad”, consideró Barriga quien afirmó que durante el juicio se presentaron más de 50 pruebas.
Recordó que durante los allanamientos en 2016 al extinto local nocturno se logró encontrar más de 300 cédulas de identidad, una serie de pasaportes, paredes falsas donde eran ocultadas las jóvenes y salidas secretas que solo conocían los administradores para eludir a los controles.
El pasado de 28 de julio de 2020, el administrador del local nocturno Gustavo Fernández, otro de los procesados, se sometió a un procedimiento abreviado donde reconoció que incurrió en trata y tráfico para captar y trasladar a las mujeres a los clubes nocturnos.
