No esclarecen caso de malversación de $us 6 millones

Una empresa en el país demandó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Contraloría General de Estado por daños y perjuicios, después de haber sufrido persecución durante varias gestiones de gobierno. ¿Su “pecado”? Haber descubierto en 1993 una malversación de 6 millones de dólares de recursos de una donación extranjera en un trabajo de consultoría encargado por los gobiernos de Bolivia y Japón.

Todo comenzó con la condición del Gobierno de Tokio a Bolivia –en el gobierno del Acuerdo Patriótico ADN-MIR–, para la licitación de una consultoría, de conocer el estado de sus donaciones, especialmente de una de 20 millones de dólares al Ministerio de Agricultura, bajo advertencia de suspender los donativos.

RESULTADO

El informe de consultoría reveló más de 6 millones de dólares de malversación de los $us 20 millones de recursos japoneses donados a dicho ministerio. Estos gastos estaban referidos a compra de regalos deportivos, agasajos, compra de flores, lustrado de zapatos y otros gastos que nada tenían que ver con el destino de la donación: el incremento de la producción de alimentos a cargo del entonces Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) que después pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

CONTRA EL EMPRESARIO

¿Qué hizo la Contraloría? Según el denunciante, desvió el informe y emprendió contra el empresario que descubrió la malversación. Le iniciaron procesos para inculparlo en sentido de que había hecho una auditoría interna y no una consultoría, que no había cumplido con los requisitos para hacer ese trabajo.

Un año después, en 1994, la Contraloría movilizó un equipo de auditores para intervenir su empresa y darle “muerte civil”. El empresario tuvo que escapar del país tras recibir amenazas de que iban a apresarlo.

Retornó con el cambio de gobierno, confiado en que podría asumir su defensa. Vinieron los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Tuto Quiroga, Evo Morales y actualmente el de Luis Arce, pero en todos ellos la Contraloría (ahora del Estado Plurinacional) tuvo la misma actuación, la de “tapar” dicha malversación y exigió al consultor que se retracte, según la denuncia. 

El empresario demandante envió cartas a los presidentes del Estado con documentos de prueba sobre la malversación de fondos de las donaciones y solicitó la convocatoria a una consultoría para que revise su trabajo.

Fue Tuto Quiroga el que, a través de su ministro de Justicia, reveló que el trabajo de consultoría de la mencionada empresa era correcto y que se dudaba de la idoneidad del Contralor.

Pero al final, la Contraloría también salió por la tangente, emitió un informe observando que la empresa no tenía registro de auditoría externa (cuando lo que hizo fue una consultoría) y recomendó procesar a las autoridades que lo contrataron, es decir, a los ministros de Finanzas, de Planificación.

MÁS DEMANDAS

El conflicto no terminó ahí. En 2011, la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, inició una demanda coactivo fiscal en contra del empresario en cuestión, pero una jueza la declaró improbada porque no había un dictamen de responsabilidad civil en su contra.

César Cocarico asumió ese ministerio y, a través de su directora jurídica, envió cartas a la Contraloría exigiendo el dictamen de responsabilidad civil contra la empresa consultora. La respuesta fue que no existe dictamen.

UNA TRAMPA

En 2017, la Contraloría hizo aparecer una adenda que había sido firmada por el empresario una semana antes de que concluya su trabajo de consultoría en 1993, cambiando los términos de referencia del trabajo y aceptando que estaba haciendo una auditoría externa. El empresario asegura que jamás firmó ningún documento parecido; dijo que entregó su informe de consultoría.

Al final, logró certificar que no había tal adenda que modifique el contrato.

Con estos antecedentes acudió al TSJ, adonde planteó una demanda contenciosa administrativa en contra de la Contraloría, la misma que fue admitida. Exige el pago de 6,8 millones de dólares por daños y perjuicios a su empresa durante estos casi 30 años sin trabajo por lo que llama “muerte civil”.

GOBIERNOS Y EMBAJADA

En papeles enviados por el empresario a CORREO DEL SUR, se indica que cambiaron gobiernos de derecha (neoliberales) a otros de izquierda (progresistas), pero la protección a los malversadores de recursos del Estado no cambia.

Su demanda está actualmente en el TSJ. Él sabe que persisten las presiones para que se falle a favor de la Contraloría.

Advirtió que, de no prosperar en el país, demandará al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.