
La constructora China Harbour Engineering Company (CHEC), que en las últimas horas decidió prescindir de los servicios de su gerente Jin Zhengyuan, involucrado en el caso “Coima en la ABC”, tiene sus cuentas congeladas por determinación del Ministerio Público de La Paz, que investiga al empresario chino –hoy en prisión preventiva– por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero.
CORREO DEL SUR conoció por versión de los abogados de la parte denunciada que la comisión de fiscales en La Paz ordenó el congelamiento de cuentas de la CHEC, lo cual podría afectar a la prosecución de las obras de la doble vía Sucre-Yamparáez.
“Se supone de Jin Zhengyuan estaba haciendo los supuestos negocios de forma particular, sin involucrar a la empresa, pero el Ministerio Público de La Paz decidió ampliar la investigación a la empresa, por eso congeló sus cuentas”, dijo un jurista que prefirió guardar en reserva su identidad.
Este periódico intentó obtener información de la empresa aludida, pero uno de sus personeros indicó que de momento lo único que tienen para informar es la destitución de su gerente general.
Zhengyuan fue imputado por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, dentro de una investigación que se inició en Sucre, y, además, existe una segunda imputación en su contra por legitimación de ganancias ilícitas.
La CHEC destituyó ayer a Jin Zhengyuan tras una auditoría interna en la que “se verificó incumplimiento de deberes y faltas al código ético de la organización”, según un boletín de prensa de la empresa.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la empresa informó que “la decisión fue avalada por su casa matriz en China y que, además, con base en su investigación y en condición de víctima afectada por hechos ilícitos, la compañía resolvió iniciar acciones penales en contra de quienes habrían cometido delitos ocasionándole graves daños a su patrimonio, a su situación empresarial, imagen y reputación”.
Jin Zhengyuan está detenido de manera preventiva en la cárcel San Pedro, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, en el caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez en la que, según las investigaciones, se pagaron coimas a favor de CHEC.
CONTRATO
Por su parte, la compañía china anunció en su comunicado que cumplirá “con eficiencia y calidad” los contratos suscritos con la ABC, en el marco de lo establecido por las leyes bolivianas.
Implican a entes de fiscalización y supervisión
El diputado Héctor Arce (MAS) afirmó ayer que las empresas de fiscalización y supervisión para la licitación de la doble vía Sucre-Yamparáez también están involucradas en lo que llamó una “organización criminal”, dentro del caso Coimas de la ABC. Anunció que presentará una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
“Hoy nos ratificamos que hubo un consorcio de una organización criminal transnacional con la participación de ciudadanos chinos, de los funcionarios de la ABC y con los nuevos hallazgos también se puede afirmar que la empresa supervisora y fiscalización está involucrada”, dijo el parlamentario en una conferencia de prensa.
Según su explicación, la “organización criminal” trabajó en dos días para acelerar el pago de un anticipo del 20% de la vía Sucre-Yamparáez, que asciende a 91.361.829 bolivianos.
Explicó que después de que la empresa CHEC presentó su solicitud para adjudicarse la obra, el 8 de febrero, el 21 del mismo mes desde Supervisión le indican que tenía 18 observaciones y, ese mismo día, estas se dan por subsanadas. Del mismo modo, la empresa fiscalizadora le dio vía libre para la cancelación.
El diputado Arce es el principal denunciante de este caso de supuesta corrupción que tiene cinco personas con detención preventiva.
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