Investigan a exconsejero por presunta corrupción
La denuncia penal de tres consejeros de la Magistratura fue remitida a la Fiscalía en La Paz
INVESTIGADO. El exconsejero Gonzalo Alcón, cuando era presidente en 2019. Foto: Archivo La Asamblea Legislativa remitió al Ministerio Público en La Paz una demanda penal por presuntos hechos de corrupción en la designación de 169 jueces ordinarios contra el expresidente del Consejo de la Magistratura Gonzalo Alcón, quien fue cesado de su cargo en 2021 acusado de nepotismo.
Esta denuncia de juicio de responsabilidades por el delito de cohecho activo fue planteada por los actuales consejeros Marvin Molina, Mirtha Gaby Meneses y Omar Michel. El proceso estaba en trámite en el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados antes de que la autoridad fuera cesada por supuestamente haber ejercido funciones incurriendo en nepotismo.
HECHO DE CORRUPCIÓN
El Consejo demandó a Alcón con pruebas aportadas por el ahora exdiputado Amílcar Barral, que denunció públicamente al consejero en el programa digital de Virginio Lema, el 24 de mayo de 2021, cuando aseguró haber recibido una llamada telefónica de Alcón para conversar en su oficina.
Después, según el exdiputado, Alcón fue a buscarlo y, luego de aproximadamente 45 minutos de conversación, antes de abandonar la oficina le habría dicho: “¿Qué es lo que quiere? Le doy 36 pegas en el Consejo de la Magistratura y 50.000 dólares”.
Supuestamente, eso habría ofrecido para que Barral no presente las pruebas que tenía de presuntos hechos de corrupción y cobro de dinero en la designación de 169 jueces ordinarios.
PASA A LA FISCALÍA
En octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional remitió al Ministerio Público de La Paz la denuncia en contra de Alcón.
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado emitió una resolución en la que resuelve aprobar el informe preliminar del Comité del Ministerio Público de Diputados, recomendando “la remisión de antecedentes ante la Fiscalía Departamental de La Paz a efectos de que se aperture la investigación correspondiente en contra de Gonzalo Alcón por el delito de cohecho activo” (sic).
EL PROCEDIMIENTO
En el procedimiento se aclara que el juicio de responsabilidades contra altas autoridades de Estado no tiene como finalidad última la aplicación de una sanción penal, sino despojar o retirar el poder a un alto servidor público que hace un mal uso de sus atribuciones o potestad legal conferida.
Por ello, el procedimiento de privilegio tiene como efecto la destitución del servidor público, en caso de haber un ilícito.
CESADOS
El 15 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló por la destitución de Gonzalo Alcón y Dolka Gómez por haber incurrido “en una de las causales de incompatibilidad funcionaria por vínculo de parentesco consanguíneo en segundo grado y por vínculo matrimonial en primer grado, respectivamente”.
