Caso RJC: En juicio, acusados niegan la comisión de delitos

Los seis procesados –cuatro de ellos miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)– por el pintarrajeado de paredes y por destrozos registrados en la Fiscalía General del Estado, negaron la comisión de delitos durante la protesta que se desarrolló en octubre de 2020, cuando manifestantes exigieron la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa. Acusaban a esa autoridad de perseguir a los opositores del Gobierno.

En los dos días que lleva la audiencia de este juicio, los acusados rechazaron ser parte de una “organización criminal” y de haber portado algún tipo de “armamento” durante la referida protesta. 

El martes pasado declaró Yassir Molina, líder de la RJC, quien solo admitió haber participado de una “protesta pacífica, voluntaria” a convocatoria de diferentes plataformas ciudadanas.

“Hemos solicitado que renuncie la persona que nos estaba persiguiendo y amedrentando”, sostuvo Molina, delante del juez, en referencia a Lanchipa.

Por su parte Milena Soto, otra de las acusadas, negó ayer, miércoles, que en aquellos días se encontrara en Sucre. Por el contrario, dijo que estaba trabajando en Cochabamba.

“Me han hecho un daño irreparable porque me tienen viniendo más de un año a Sucre para firmar un libro de control, con detención domiciliaria y arraigada; es muy complicado para mí”, sostuvo.

De los hermanos Fabio y Mario Bascopé, solo declaró el primero. Su abogado, Jonnathan Revuelta, dijo que él admitió que el día en cuestión estaba en la manifestación, pero negó haber manipulado algún artefacto y provocado destrozos. 

Mario Salazar, también acusado, afirmó que está siendo procesado de manera indebida al haber sido incluido solo por participar de la protesta en representación de la organización Codepanal.

Ayda Raquel Loayza, a su turno, se abstuvo de declarar, pero a través de su abogado, Marco Daniel Soruco, dijo que la involucraron por haber brindado hospedaje a las personas ahora acusadas y por estar presente el día de la manifestación.

El abogado Rolando Cruz, en representación de la Procuraduría General del Estado, indicó que la RJC no se conformó de manera espontánea, sino que “era el brazo operativo de otras personas, porque solo una organización criminal puede intentar deponer a una autoridad electa” (con relación al Fiscal General).

Los representantes del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno indicaron que existe prueba abundante para demostrar que Molina y los demás acusados cometieron delitos.

UNA PAUSA

Luego de dos jornadas de juicio, el juez Tercero de Sentencia en lo Penal, Emilio Pinto, declaró ayer un cuarto intermedio en la audiencia hasta el 16 de enero, debido a la agenda de juicios y la vacación judicial colectiva que comienza en diciembre.