A 15 años de La Calancha no hay ni un sentenciado

Las tres muertes y casi 400 heridos en los hechos de La Calancha, ocurridos entre el 23 y 25 de noviembre de 2007, cumplen 15 años de impunidad. Si bien hay cuatro investigados, el exministro de Gobierno Alfredo Rada y tres exjefes policiales, ninguno de ellos fue sentenciado hasta ahora. El juicio de responsabilidades en su contra sigue esperando una autorización en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En julio de 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que la Asamblea Legislativa tratará un total de 25 casos de juicios de responsabilidades, entre los cuales estarán procesos pendientes como el de La Calancha, hasta los que involucran a la expresidenta Jeanine Áñez, pero no se cumplió ese anuncio.

Transcurrido todo este tiempo, hay cuatro denunciados, pero nadie pasó por la cárcel ni siquiera con detención preventiva y la Fiscalía no imputó a los principales apuntados por la defensa de las víctimas, entre los que estaban el entonces presidente Evo Morales, que fue excluido de juicio por la Fiscalía General, y quedaron en el proceso el exministro Rada y los jefes policiales Miguel Vásquez, Jorge Espinoza y José Galván.

IMPUNIDAD

Juan Cardozo, hermano de José Luis, victimado durante la intervención de fuerzas policiales que reprimieron con violencia, agentes químicos y armas de fuego a decenas de civiles, como cada año, vuelve a recordar ese fatídico día lamenta que no haya ningún sancionado.

“Quince años de impunidad, estamos organizando un acto sencillo pero significativo, tendremos una misa a las 10:00 en el Cementerio General donde están reposando nuestros hermanos. Es un acto conmemorativo de las familias, aunque debería ser de las instituciones que antes eran parte del Comité Interinstitucional por la capitalidad”, reclamó.

Cardozo lamentó que en estas instituciones estén dirigidas por las mismas personas pero con distinta ideología, que tienen otros intereses en el partido de gobierno del MAS. 

MEMORIAL AL VICE

Cardozo dijo que en junio de este año, presentaron un memorial al presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, exigiendo un pronunciamiento de por qué el expediente del caso de La Calancha fue nuevamente remitido a su despacho cuando ya estaba para tratamiento del pleno de la Asamblea, para aprobación o rechazo del juicio, pero dijo que no tienen ninguna respuesta.

FLAGRANTE VIOLACIÓN

Para las víctimas, el Defensor del Pueblo y organizaciones de defensa de derechos humanos dentro y fuera del país lo que pasó hace 15 años fue una flagrante violación de DDHH, junto a la comisión de delitos.   

Este panorama de injusticia es pintado con amargura por dos familiares de las víctimas mortales de los hechos: Gonzalo Durán que falleció el 24 de noviembre por un impacto de bala; ese mismo día cayó herido José Luis Cardozo y falleció días después. El domingo 25, en otra jornada luctuosa, murió Juan Carlos Serrudo. 

Los abogados que defendieron a las víctimas dentro de un proceso penal coinciden en que el Estado no identificó ni sancionó a los responsables de estos hechos.

Ariel Coronado, miembro del Ilustre Colegio de Abogados y defensor de las víctimas dijo que dentro de este caso donde había muertos, los denunciados se abstuvieron de declarar, no fueron imputados y menos sometidos a una medida cautelar como ocurre en otros hechos con personas fallecidas.

“MASACRE”

Para el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Franco Albarracín, lo ocurrido hace 15 años en Sucre fue una “masacre”.

“… de acuerdo al análisis de los hechos y los estándares desarrollados en materia de derechos humanos, podemos calificar a los hechos acontecidos en La Calancha como una masacre”, asegura en su artículo “Masacres, torturas y medioambiente”, publicado en marzo del año pasado.

LAS VÍCTIMAS 

El Informe Defensorial sobre los acontecimientos en Sucre del 23 al 25 de noviembre de 2007, estableció que las víctimas fueron: tres fallecidos, 53 intoxicados y 225 heridos. 

“Estos casos deben ser considerados en los marcos de la legislación nacional y la legislación internacional que castigan la falta de respeto al derecho a la vida, salud y seguridad”, señala el documento publicado en julio de 2008.

La investigación mantiene un mar de dudas

En vista de que las investigaciones no llegaron a ninguna conclusión, una buena parte de la población sucrense sigue preguntando al vacío, por ejemplo, quién dio la orden de disparar contra los civiles en La Calancha.

Tampoco está claro si la represión fue protagonizada solo por efectivos policiales o también por miembros de las Fuerzas Armadas; asimismo, se desconoce qué tipo de armamento estaban autorizados a emplear.      

Mientras tanto, en el ámbito internacional, hoy mismo se tramita una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el 8 de julio de 2021 notificó al Estado boliviano y este en defensa, a través de la produradora general interina, Patricia Guzmán, alegó que en esos hechos, el Estado actuó preservando el orden que hubo reparación a las víctimas.