El caso de supuesta malversación de 6 millones de dólares provenientes de una donación extranjera el año 1993, en el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, hoy Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sigue en la impunidad y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tampoco se pronuncia sobre una demanda en contra de la Contraloría General del Estado, a denuncia del empresario Fernando Sotomayor, que reveló este hecho de corrupción.
Sotomayor planteó una demanda Contenciosa Administrativa contra la Contraloría por daños y perjuicios por la persecución de la que es víctima desde hace casi 30 años por haber descubierto esa millonaria malversación luego de una consultoría que el mismo Estado y la cooperación japonesa encargaron.
El empresario denunció que tras presentar su informe revelador del hecho de corrupción, la Contraloría movilizó un equipo de auditores para intervenir su empresa y darle “muerte civil”. El empresario tuvo que escapar del país tras recibir amenazas de que iban a apresarlo.
¿Protección? El empresario dijo que en estos casi 30 años, envió cartas a los presidentes del Estado con documentos de prueba sobre la malversación de fondos de las donaciones y solicitó la convocatoria a una consultoría para que revise su trabajo, pero ninguno tomó acciones para sancionar a los malversadores.
Sotomayor dijo ayer a CORREO DEL SUR que está a la espera del auto supremo del TSJ que falle en contra de este acto de corrupción, el Estado sancione a los malversadores y disponga el resarcimiento de daños a su favor.
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