Un hombre que trabajaba en el área de manuales en el Centro de Cuidado Especial a Personas con Discapacidad en Sucre, dependiente de la Gobernación, fue enviado a prisión preventiva luego de que una apelación revocara la decisión de un juez que le otorgó detención domiciliaria como sospechoso de cometer abuso sexual en contra de tres pacientes adolescentes.
La información fue brindada por el delegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga, quien dijo que esta acción judicial de apelación se resolvió a favor del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que apelaron el pasado jueves.
“Este caso debe significar un momento de reflexión para quienes estamos a cargo del cuidado de las personas especialmente de niños, niñas y adolescentes”, expresó la autoridad.
Manifestó que recientemente se conoció del caso en el que está involucrado un servidor público que tenía a su cargo a adolescentes con discapacidad en el Centro de Cuidado Especial a Personas con Discapacidad.
“Aprovechando su rol de servidor público y aprovechando la situación de discapacidad habría abusado sexualmente de tres adolescentes”. Las víctimas tienen entre 13 y 15 años de edad.
Mayorga sostuvo que hecho fue descubierto por los responsables del centro los primeros días de septiembre y la Defensoría tomó conocimiento en octubre; sin embargo, por los testimonios los abusos fueron reiterados y podría haber más víctimas.
En ese sentido, los responsables del centro de acogida despidieron de su fuente laboral al funcionario, presentaron la denuncia y cuando el Ministerio Público lo llevó ante un juez, éste le otorgó detención domiciliaria, pero en apelación un vocal determinó enviarlo a la cárcel San Roque preventivamente por tres meses.
El delegado defensorial hizo un llamado para que “los servidores públicos asumamos nuestro rol de ser garantes de los derechos humanos”.
“Es un jalón de orejas a nuestras autoridades y a todas las instituciones que están a su cargo personas y, mucho más cuando hablamos con personas en alto riesgo de vulnerabilidad”, agregó.
APELACIÓN
Cuando el agresor fue llevado a una audiencia cautelar, un juez le otorgó detención domiciliaria pero en apelación un vocal determinó enviarlo a prisión preventivamente por tres meses.
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