Consejo restituye en su cargo a dos jueces, pero fuera de sus distritos

El Consejo de la Magistratura restituyó en sus cargos a la jueza de Tupiza Pastora Cabrera y al juez de Cochabamba Rubén Leiva, pero no en el juzgado y el asiento judicial de donde fueron destituidos. A la primera la mandaron al Juzgado de Achacachi, La Paz, y al segundo a Porvenir, Pando. A ninguno de los dos les pagaron los salarios devengados y su defensa impugnó esta decisión ante los tribunales de garantías que habían ordenado su reincorporación.

Cabrera trabajaba en un juzgado de Tupiza cuando fue destituida en 2019 con el argumento de que era jueza transitoria; empero, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de junio de este año, producto de una acción de amparo constitucional, ordenó su restitución. No solo eso, sino que también otorgó tres meses al Consejo para que todos los jueces sean evaluados para su ingreso a la carrera judicial.

Arturo Yáñez, abogado de ambos jueces afectados, dijo que los dos deben ser restituidos en cargos de similares características, lo que significa que no pueden enviarlos a un cargo y lugares diferentes al lugar de donde trabajaban.

“La sentencia 492019, sobre un caso de traslados, ha establecido que no pueden ser removidos sin su consentimiento, es decir que no pueden trasladar a un lugar distinto a donde estaba trabajando, a otro extremo del país, a título de cumplir la sentencia”, sostuvo Yáñez. 

Explicó que la jueza Cabrera estaba trabajando en el distrito judicial de Potosí y no pueden llevarla a Achacachi. Lo propio con el juez Leiva: la sentencia establece que debe ser restituido en un juzgado de similares características, pero le devolvieron su cargo en El Porvenir, pese a que tiene a su familia en Cochabamba.

“En los dos casos, tanto en Chuquisaca como en Cochabamba, hemos presentado una queja ante los tribunales que han concedido las tutelas para que le ordenen al Consejo a cumplir la sentencia. En ningún caso les han pagado los salarios devengados. Lo que el Consejo hace es incumplir un fallo, lo que se constituye en un delito y podría generar responsabilidad internacional al Estado”, enfatizó Yáñez.