Departamento de Justicia de EEUU informa que condena de Murillo es de 70 meses de cárcel

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recibió este miércoles una condena de 70 meses por conspiración y lavado de dinero en Estados Unidos.

Así, una nota de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala una pena menor (5,8 años) a la que informó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

“El exministro de Gobierno boliviano fue sentenciado hoy (martes) a 70 meses de prisión por conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el gobierno boliviano”, reza la nota publicada en la página web del Departamento de Justicia de EEUU.

Entretanto, Chávez publicó en su cuenta de Twitter: “7 años de prisión para Arturo Murillo” y luego, apareció en un video grabado y publicado en las redes sociales de la Procuraduría señalando la misma cantidad de años de cárcel.

Asimismo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posteó en sus rede sociales que “que la justicia estadounidense dispuso 7 años de prisión para el exministro de facto de Jeanine Añez, Arturo Murillo. Demostrando una vez más, que las denuncias que realizamos como Gobierno Nacional eran ciertas. El Golpe de estado no solo fue para tomar el poder y asesinar a nuestro pueblo, también fue para saquear y robar al Estado”.

Murillo se declaró culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, en octubre pasado. Los informes señalan que la exautoridad recibió un soborno 532.000 dólares, a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales durante el Gobierno transitorio, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

El exministro fue detenido en Estados Unidos en mayo de 2021, quien abandonó el país poco antes de que el gobierno de Áñez deje el poder al gobernante Movimiento al Socialismo que ganó las elecciones en 2020.

Según las investigaciones, el exministro compró un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, por medio de la firma Bravo Tactical Solutions. En el negociado se produjo un sobreprecio y las transacciones se hicieron a través de bancos estadounidense donde se detectó las irregularidades.