El TSJ ve “beligerancia política”

La beligerancia política, la falta de un diálogo franco y los intereses regionales y de grupo se convierten en obstáculos para encaminar la reforma judicial, lo que imposibilita la construcción de una justicia que se acerque más a la realidad. Lo dijo en su discurso de inauguración del Año Judicial el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, durante un acto desarrollado ayer, martes, en el hall de este alto tribunal.

En la misma jornada, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) también inauguró el Año Constitucional y lo propio ocurrió con el Tribunal Agroambiental, que en el inicio de la nueva gestión, posesionó a su nueva presidenta, la magistrada María Tereza Garrón.

Se trata del último acto de inauguración del Año Judicial y Constitucional de los actuales magistrados, que asumieron en 2018 y que este 2023 concluyen su mandato de seis años.

En los tres actos estuvieron presentes el ministro de Justicia, Iván Lima; el Procurador General, Wilfredo Chávez; el presidente de Diputados, Jerges Mercado, y otros invitados como viceministros, directores y autoridades judiciales.  

Fue el ministro Lima, quien en los diferentes actos hizo referencia al último año de gestión de los actuales magistrados. “Se trata de la última inauguración del Año Judicial de este periodo de los magistrados, que emprendieron la transformación de la justicia en estos seis años”, sostuvo.

ACTO EN EL TSJ

Durante su discurso, en el acto de inauguración del Año Judicial en el TSJ, su presidente, Ricardo Torres, habló del reto no solo del Órgano Judicial, sino de todos los órganos del Estado, de construir una patria con una justicia que se acerque más a la realidad de los ciudadanos y ciudadanas del Estado Plurinacional. Remarcó que esta tarea debe ser enfrentada como Estado, no solo como una función exclusiva del Órgano Judicial.

Torres se refirió a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y del Relator de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, cuyo cumplimiento aún está pendiente, ya que el Estado está en la obligación de buscar justicia sobre los vejámenes y masacres de 2019 y 2020.

“Estos retos, lamentablemente por una beligerancia política y por falta de un diálogo franco, posiblemente no se concretice porque estamos encasillados en actitudes mezquinas, estamos viendo el interés propio de una región, de un grupo, estamos reduciendo el interés de la patria al interés de unos cuántos, cuando la tarea y el reto es construir patria, construir una justicia que se acerque más a la realidad”, señaló.

Torres lamentó que esta falta de diálogo y una excesiva intolerancia política y beligerancia en este ámbito impidan puntos de encuentro a favor del Estado y de los ciudadanos.

“Si no desmontamos y no nos desarmamos de estas actitudes personales, regionales, de grupo o estrictamente políticas, no podemos hablar de una reforma judicial transparente, que se acerque al ciudadano, simplemente estamos queriendo capturar al Órgano Judicial y al sistema de administración de justicia para fines mezquinos, para fines propios”, remarcó.

En criterio del magistrado, el TSJ está ejerciendo sus competencias de administrar justicia. Así, se refirió a la refuncionalización de juzgados, la designación de jueces y vocales y el planteamiento de una reforma de la ley 025 del Órgano Judicial para la creación de jueces itinerantes para estar más cerca de la población.

“Si no existe justicia no habrá paz duradera, si no se busca en la administración de justicia la oportunidad de terminar con la impunidad, tampoco habrá armonía y sosiego en la sociedad”, enfatizó.

En ese acto, el Ministro de Justicia pidió a los magistrados un trabajo conjunto para esta gestión, que demuestre un cambio en la justicia, que responda a las necesidades de una sociedad en constante movimiento.

Al referirse a la reforma judicial, se concentró en algunos aspectos. “Este Gobierno está comprometido con la independencia de la justicia, con la trasformación de la justicia”, dijo Lima, al señalar que siente orgullo de “haber recuperado la Escuela Judicial”.

En ese marco, dijo que lo que viene es “la consolidación de la carrera judicial” como parte fundamental de la transformación de la justicia. 

“Ratificamos el firme compromiso con la independencia de la justicia, que se ha visto con acciones y tareas concretas en los últimos años, que han marcado una ruta crítica fundamental. No es únicamente una tarea de los jueces, sino una tarea conjunta, hemos alcanzado de un 10% a un 85% de seguir casos de feminicidio, se tienen equipos de trabajo a nivel de todos los departamentos, esto marca la diferencia en este esfuerzo nacional”, concluyó.

Sin embargo, la visión de abogados independientes es otra. No hubo avances y el Ejecutivo no cumplió las tareas que se fue fijando desde el inicio de este nuevo periodo. De la misma forma, hay observaciones al avance de determinados procesos sobre otros abiertos tras la crisis de 2019, como el caso Golpe de Estado I, que tiene con sentencia a la expresidenta Jeanine Áñez y últimamente con detención preventiva al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, donde cívicos y otros sectores mantienen protestas por esa causa.

Debate sobre la elección de magistrados

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno acompañará el debate sobre la elección de las nuevas autoridades de la justicia y advirtió que ello no debe implicar un “cuoteo”, como en el pasado.

“El compromiso del presidente Arce es acompañar ese debate constitucional y, junto a nuestra Asamblea (Plurinacional), el TCP, garantizarle al pueblo boliviano que las 26 nuevas autoridades de la justicia boliviana tengan ese estándar de independencia, de compromiso, de combate a la corrupción, al feminicidio, a todas las vulneraciones de derechos humanos”, indicó, en el TSJ.