El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) por La Paz, Ingvar Ellefsen, admitió haber otorgado un contrato laboral de su empresa Tecmin al investigado exdirigente universitario Max Mendoza, puesto que fue su compañero de universidad y considera que todos tienen derecho al trabajo, además de ser un tema humanitario.
El contrato laboral fue presentado por Mendoza en su proceso judicial, como argumento para salir de la cárcel y lograr la detención domiciliaria con salida laboral, en un caso en el que se le acusa por hechos irregulares como asumir un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) cobrando salarios, sin cumplir requisitos ni tener título profesional.
Ellefsen recordó que Mendoza fue su compañero de universidad cuando estudiaba en Cochabamba hace 30 años.
Enfatizó que “a duras penas” le ofreció un trabajo al exdirigente estudiantil y que hizo lo mismo por otras personas.
“Es un tema humanitario. Yo considero que una persona en proceso investigativo tiene derecho a la detención domiciliaria y derecho al trabajo, igual que Luis Fernando Camacho, que Rómulo Calvo y todo el mundo”, sostuvo.
Ellefsen se expresó consciente de las críticas a las que se expone, pero ratificó su justificación.
El querellante en el caso de Mendoza, Víctor Hugo Chávez, consideró extraño que un diputado otorgue ese tipo de contrato a privados de libertad.
Chávez expresó su duda respecto a si la empresa es “simulada”, puesto que habría contradicciones en los datos de domicilio presentados en el proceso. Señaló que este será un tema a verificar en la audiencia de apelación.
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