HRW observa falta de “medidas concretas” del gobierno de Arce para reformar la justicia

El Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch (HRW) refleja el deterioro de la justicia en Bolivia y sostiene que el gobierno de Luis Arce fracasó en su promesa de independizar la justicia del poder político.

“Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo”, indica el Informe Mundial en su capítulo sobre Bolivia.

La institución internacional resalta que en Bolivia se instrumentaliza a la justicia para enjuiciar con acusaciones desproporcionadas e infundadas, como en el caso de la expresidente transitoria Jeanine Áñez.

“En marzo de 2021, la Policía detuvo a la expresidenta Áñez y a dos de sus exministros en relación con acusaciones de terrorismo y otros delitos. El fiscal general luego acusó a Áñez por genocidio en relación con dos masacres que se produjeron durante su gobierno interino. Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio eran infundados y manifiestamente desproporcionados. La definición de estos delitos en el derecho boliviano es excesivamente amplia. En octubre de 2022, los dos exministros continuaban en prisión preventiva”, puntualiza el documento.

Sobre la injerencia política en la justicia, la entidad mundial de derechos humanos subraya que el informe de mayo del 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, advirtió que la injerencia externa en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente.

Sin embargo, esto se agrava con algunos factores, como el estatus de “transitorio” del 50% de los jueces y el 70% de los fiscales. Estos funcionarios judiciales no tienen estabilidad en el cargo y pueden ser pasibles a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder.

El documento también reprocha el uso excesivo de la detención preventiva que provoca hacinamiento en las cárceles del país. Solo hasta marzo del 2022, el 71% de las mujeres y el 65% de los hombres detenidos en el país aún estaban a la espera de un juicio.

“En abril, Marco Aramayo murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y malos tratos. En 2015, tras convertirse en director del fondo estatal de desarrollo indígena, denunció diversas tramas de corrupción en las cuales estaban presuntamente implicados importantes partidarios del gobierno de Morales. En vez de investigar adecuadamente esas acusaciones, los fiscales lo detuvieron y lo acusaron de corrupción, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una organización no gubernamental boliviana”, destaca HRW.

"Afecta al Estado de derecho"

El informe fue compartido por César Muñoz, director asociado de la división América de Human Rights Watch,

“En Bolivia, la falta de un poder judicial independiente, imparcial y eficiente afecta gravemente la institucionalidad, al Estado de derecho y a la defensa de los derechos humanos”, reza el texto con el que acompañó la publicación en su cuenta de Twitter.