Lima afirma que en el país sí se respetan los DD.HH.

El Gobierno reivindicó el respeto” a los Derechos Humanos (DDHH), luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las denuncias de uso excesivo de la fuerza pública

MINISTRO. El titular de Justicia, Iván Lima. MINISTRO. El titular de Justicia, Iván Lima. Foto: ar

Sucre/CORREO DEL SUR
Seguridad / 19/01/2023 07:54

El Gobierno reivindicó el respeto” a los Derechos Humanos (DDHH), luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las denuncias de uso excesivo de la fuerza pública y los actos violentos de grupos organizados en las protestas en Santa Cruz.

El martes, la entidad internacional emitió un comunicado en el que se refiere a la crisis social que se activó en esa región, tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho.

Horas después, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió al comunicado la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), y afirmó que el Gobierno del presidente Luis Arce está “abierto a la observación internacional”.

“La @CIDH y la @RELE_CIDH monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno del Presidente @LuchoXBolivia es respetuoso de los derechos humanos y abierto a la observación internacional” (sic), escribió la autoridad, en su cuenta de Twitter.

Mediante un comunicado, la CIDH indicó que “se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistémica no son parte del derecho de la protesta”.

El documento señala que esas entidades hicieron un seguimiento a las manifestaciones que iniciaron en Santa Cruz el 28 de diciembre, cuando Camacho fue aprehendido, por el caso Golpe de Estado I.

Esa acción judicial desencadenó una serie de acciones violentas, enfrentamientos entre la Policía y grupos movilizados, quema y saqueos de oficinas pública.

A esto se suman las amenazas y agresiones físicas que sufrieron trabajadores de la prensa, de medios privados y del Estado, mientras realizaban la cobertura informativa.

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