Un hombre fue ejecutado este miércoles por el asesinato de un policía en el estado de Texas, sur de Estados Unidos, a pesar de las sospechas de racismo que empañaron su juicio.
Wesley Ruiz, un hispanoestadounidense de 43 años que estaba sentenciado a muerte, recibió una inyección letal en la Penitenciaría de la ciudad de Huntsville.
En 2007, en Dallas, Texas, Ruiz fue perseguido por la policía, que sospechaba que su vehículo estaba involucrado en un homicidio.
Al final de la persecución, le disparó al policía Mark Nix, quien intentaba romper la ventana de su automóvil con su porra. La bala acabó matando al agente.
“Quiero pedir disculpas a Mark y a la familia Nix (...) Quiero decirle a mi familia y amigos en todo el mundo, gracias por apoyarme. A mis hijos, manténganse firmes y continúen enorgulleciéndome, no se preocupen por mí, voy a estar bien”, dijo durante su última declaración.
“Estoy listo para partir”, finalizó Ruiz, antes de ser inyectado, según detalló el Departamento de Justicia Penal de Texas en un comunicado.
Es el cuarto condenado ejecutado desde principios de año en Estados Unidos.
Durante su juicio, Ruiz afirmó que en la persecución policial temió por su vida y que disparó en un acto de “defensa propia”, según la prensa local. Los jurados igual le condenaron a la pena de muerte.
En los años subsiguientes, sus abogados interpusieron sin éxito varios recursos para impugnar la sentencia.
Al aproximarse la fecha de la ejecución, presentaron una apelación urgente, argumentando que los miembros del jurado se habían basado en elementos “abiertamente racistas” y “estereotipos claramente hostiles contra los hispanos” al evaluar la peligrosidad de Ruiz.
Uno de los jurados lo había descrito como un “animal”, “un perro rabioso” y consideró que los hispanos presentes en el juicio eran “pandilleros”, según documentos judiciales.
Su apelación fue desestimada en primera instancia y luego fue enviada a la Corte Suprema, que no se pronunció de última hora para suspender la ejecución.
Ruiz también se sumó a una demanda presentada por varios condenados a muerte en Texas, quienes acusan a los servicios penitenciarios del Estado de extender las fechas de vencimiento de las sustancias letales utilizadas para las ejecuciones, una de ellas conocida como pentobarbital.
Según los demandantes, se corre el riesgo de causar un sufrimiento ilegal, ya que la Constitución prohíbe los “castigos inhumanos”.
Las autoridades aseguran que sus reservas de pentobarbital no representan un problema.
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