Fallo de Corte IDH obliga al Estado a ajustar las leyes
La sanción debe aplicarse a funcionarios que provocaron las fracciones en el país
SENTENCIA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica. Foto: CIDH Luego del fallo de la Corte IDH, el Estado boliviano, más allá del resarcimiento a las víctimas, está obligado a ajustar la normativa y las instituciones estatales para no repetir las vulneraciones de derechos, advierte el director de Fundación Construir, Ramiro Orías.
Hay al menos nueve fallos de los tribunales internacionales en contra del Estado boliviano, pero no en todos se cumplió con las medidas dispuestas. La excepción se da en los relacionados con las desapariciones forzadas durante las dictaduras, señaló Orías.
El abogado y defensor de derechos humanos dijo a CORREO DEL SUR que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) imponen resarcimientos a favor de las víctimas y garantías de no repetición de las vulneraciones, a través de reformas institucionales y legales.
Se refirió a los tres casos en los que la Corte IDH decidió sancionar recientemente al Estado boliviano. El de Brisa Angulo, víctima de violaciones cuando tenía 16 años sin haber encontrado justicia en el país; el de Juan Carlos Flores Bedregal, en el que se responsabilizó a Bolivia por la desaparición forzada de ese dirigente, en 1980, durante la dictadura de Luis García Meza; y, finalmente, el de Blas Valencia, por actos violatorios de los derechos humanos.
En estos tres casos, Orías dijo que la Corte IDH dispone que el Estado, a través de sus instancias especializadas como el Ministerio Público y los órganos Judicial y Legislativo, procedan a realizar ajustes, normativos y legales, para que no se vuelvan a repetir las vulneraciones.
REPETIR LA SANCIÓN
En entrevista con Correo del Sur Radio F.M 90.1, el abogado Arturo Yáñez explicó que la referida corte internacional juzga al Estado por no haber cumplido a través de sus agentes estatales las obligaciones que tiene en el ejercicio de su soberanía.
Aclaró que la responsabilidad debe llegar a los agentes estatales que han generado estas violaciones. “Uno le puede meter nomás aquí (en Bolivia) a partir de la cooptación del Ministerio Público, la Policía, la justicia; pero, quienes persisten en este litigio estratégico, a largo plazo van a lograr que se haga justicia”, enfatizó.
REVICTIMIZACIÓN
En estos casos intervinieron funcionarios de Gobierno, del Ministerio Público y del Órgano Judicial que, en vez de proteger los derechos de los afectados, provocaron su revictimización, según la Corte IDH.
