Víctimas de Senkata piden que obispos sean procesados como “autores mediatos” por muertes de 2019
El activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca, se pronunció sobre el pedido gubernamental de investigar a los líderes religiosos por el caso “Golpe I”.
La Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata anunció que pedirá a la Fiscalía ampliar la investigación por las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, en contra de la cúpula de la Iglesia católica de 2019 en su condición de “autores mediatos”, porque fueron parte de reuniones “donde se ha decidido la vida o muerte de ciudadanos”.
“Se le pedirá (a la Fiscalía) que investigue a la jerarquía de la Iglesia católica en calidad de autor mediato, no como autor intelectual, material, cómplice o encubridor, sino como autor mediato, porque ha sido copartícipe en reuniones donde se ha decidido la vida o la muerte de ciudadanos, de hermanos en Cristo”, informó el activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca.
De acuerdo con Inca, la jerarquía de la Iglesia católica de 2019 no solo propició las negociaciones “extra legislativas” para que Jeanine Áñez asuma la presidencia de Bolivia, sino que fue en contra de la “Gaudium et Spes” o Constitución Pastoral, en la que se recoge las palabras del apóstol Pablo quien dijo: “El peor pecado es aquel acto en el cual se utiliza la ley para hacer un acto de injusticia”.
“Se ha utilizado la ley para justificar, para ir en contra de los 10 mandamientos: no matarás. Sale un Decreto (Supremo 4078) que dice ‘puedes matar’; entonces, por lo tanto, va en contra de la doctrina social de la iglesia, va en contra del Gaudium et Spes”, insistió Inca en Wara TV.
El 14 de noviembre de 2019, el gobierno de Áñez puso en vigencia el decreto 4078, conocido como el “decreto de la muerte”, que eximía a militares y policías de responsabilidad penal por las acciones en operativos como los ejecutados en Senkata y Sacaba.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y muerte antes, durante y después de la crisis de 2019, dio a conocer que el decreto 4078 fue motivo de preocupación en organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El GIEI indicó en su informe que el 28 de noviembre de 2019 se derogó el decreto. Para ese entonces, las masacres de Senkata y Sacaba, considerados por el equipo internacional como “los dos hechos de violencia con mayor número de víctimas mortales como resultado de un operativo conjunto entre FFAA y Policía”, ya habían acontecido, 15 y 19 de noviembre, con más de una veintena de muertos por impacto de bala, cientos de heridos y detenidos.