Piden activar sello rojo para detener a exministro de Áñez
El inicio del juicio por la planta de Bulo Bulo está fijado para el 28 de febrero
ACUSADO. El exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, cuando ejercía el cargo en 2020.. Foto: Archivo Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, sería la primera autoridad del gobierno de Jeanine Áñez en ser juzgada en rebeldía. El denunciante, ejecutivo nacional de los trabajadores petroleros y petroquímicos del país, Ludwing Sánchez, dijo que este martes presentaron un memorial en la Fiscalía General del Estado en el que exigen la activación del sello rojo de Interpol para que tanto Zamora como el expresidente de YPFB Herland Soliz sean capturados y traídos a Bolivia.
“Quisiéramos que se pueda activar el sello rojo en contra del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y el expresidente de YPFB Herland Soliz, que están prófugos, y se puedan esclarecer estos hechos”, dijo Sánchez en puertas de la Fiscalía General, donde junto a un grupo de trabajadores petroleros presentó dicho memorial.
Zamora, Soliz y otros cuatro exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron acusados por la paralización del funcionamiento de la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo y por un presunto daño económico de 240 millones de dólares hasta 2019.
En criterio de los acusadores, Zamora y Soliz, así como otros exministros del gobierno de Áñez, se encuentran en Brasil y Estados Unidos. Solicitaron la activación del sello rojo de Interpol específicamente para las dos exautoridades mencionadas, cuyo inicio de juicio oral está previsto para el martes 28 de febrero, en Ivirgarzama.
OTROS ACUSADOS
El dirigente sindical informó que cuatro acusados tienen medidas cautelares y estarán presentes en el referido juicio. Se trata del exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, del exgerente de Industrialización, del exdirector y del excoordinador de la planta de amoniaco y urea.
De no presentarse las dos exaltas autoridades del área de hidrocarburos podrían ser procesadas en ausencia, en aplicación de la Ley 1390 de Lucha Contra la Corrupción. Esta norma está vigente pese a que existe una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional que no se resuelve desde 2019.
En marzo de 2022, la Fiscalía presentó la acusación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Pide ocho años de cárcel, más agravantes.
DAÑO
El supuesto daño económico generado por la paralización de la planta de amoniaco y urea tiene tres versiones: los acusadores prevén $us 240 millones; el gobierno de Luis Arce, $us 450 millones, y la Fiscalía $us 8,6 millones.
