Bolivia indemnizará con $us 12.000 a familia de ciudadana argentina por vulneración de derechos

Marcela Alejandra Porco falleció en 2011, luego de estar recluida desde 1994 en condiciones inadecuadas en una cárcel de Santa Cruz por tráfico de cocaína

La familia de Marcela Alejandra Porco denunció la vulneración de derechos en Bolivia. La familia de Marcela Alejandra Porco denunció la vulneración de derechos en Bolivia. Foto: CEJIL

La Paz/ABI
Seguridad / 24/02/2023 12:17

El Estado Plurinacional de Bolivia indemnizará económicamente a la familia de la ciudadana argentina Marcela Alejandra Porco, víctima de vulneración de derechos humanos cuando estuvo recluida hace 29 años en una cárcel en Santa Cruz.

El pago forma parte del compromiso asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Acuerdo de Solución Amistosa Caso 11.426 Marcela Alejandra Porco, que fue asumido en mayo de 2022, refiere el Decreto Supremo 4880 aprobado por el gabinete de ministros el 22 de febrero.

“En el marco de la Disposición Adicional Única de la Ley N° 1431, de 25 de mayo de 2022, la Procuraduría General del Estado realizará el pago único de $us 12.000, mediante una transferencia bancaria internacional, a favor de Antonela Grisi por concepto de indemnización por los derechos vulnerados a su madre, Marcela Alejandra Porco en las gestiones 1994 y 1995”, apunta la norma.

Porco fue detenida el 2 de junio de 1994 en el aeropuerto de Santa Cruz, bajo el cargo de transporte de cocaína, para luego ser recluida en el Centro de Rehabilitación “Palmasola Mujeres”, en inadecuadas condiciones de detención y sin un tratamiento médico para atender su salud mental.

La ciudadana argentina sufrió un grave deterioro en su salud y denunció haber sido víctima de violación sexual. Falleció el 13 de agosto de 2011.

Antes, en 2009, los familiares de la víctima denunciaron el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que emitió el Informe de Admisibilidad, lo que habilitó al Estado a iniciar un proceso de negociación.

En 2022 se llegó a un consenso de contenido del Acuerdo de Solución Amistosa, que incluye medidas de satisfacción, de no repetición y una compensación económica.

Finalmente, el 19 de septiembre de 2022, la Procuraduría General del Estado realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por este caso. El evento contó con la participación de representantes de la CIDH como del Comisionado Joel Hernández García y la hija de Porco.

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