INRA: En 26 años no acaba el saneamiento de tierras

La Ley 1715, de 1996, establecía 10 años para lograr la regularización, pero no se cumplió

DENUNCIA. El operativo de desalojo a avasalladores en el predio La Toja, en el municipio de Guarayos. DENUNCIA. El operativo de desalojo a avasalladores en el predio La Toja, en el municipio de Guarayos. Foto: El Deber

Sucre/CORREO DEL SUR
Seguridad / 27/02/2023 00:04

Bolivia lleva 26 años sin poder concluir el proceso de saneamiento de tierras y, según el Gobierno, esta falta de seguridad jurídica da lugar a los avasallamientos y al tráfico de terrenos.

Al ser consultado por CORREO DEL SUR por qué demora tanto el proceso de saneamiento en el país, en algunos casos hasta 20 años y, en medio, con avasallamientos en tierras, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, respondió: “Lamentablemente la Ley 1715, de 1996, establecía 10 años para concluir el proceso de saneamiento. Imagínese, ya lleva 26 años. La ley decía 10, no se cumplió, se amplió 11 años y tampoco se cumplió. Pero el Gobierno ha tomado la decisión de que esto tiene que cumplirse, ya es mucho tiempo, está de buen tamaño”.

En ese tiempo solo se logró avanzar menos del 10%. Se habían regularizado y titulado 9 millones de hectáreas (8%), de 106 millones objeto de saneamiento.

En 14 años del gobierno de Evo Morales se avanzó en un 86% del saneamiento de tierras rurales. El Director del INRA dijo que en los dos años de la gestión de Luis Arce se llegó a sanear un 91%.

“Si no tenemos percances, así como el bloqueo al INRA, toma de la institución, marchas de protesta que perjudican estos procesos; si vamos a ese ritmo, vamos a concluir el saneamiento, porque ya lleva 26 años este proceso”, agregó Núñez antes de enfatizar: “Es una decisión del Gobierno de que esto tiene que cumplirse, ya está de buen tamaño, es mucho tiempo y se tomó la decisión política”.

También señaló: “Nuestro mensaje como Gobierno nacional y como INRA es que no vamos a tolerar los avasallamientos y el tráfico ilegal de tierras, de alguien que está vendiendo sin acreditar derecho de propiedad. Eso es un delito de orden penal y tiene tres a ocho años de cárcel”.

Solo entre 2021 y 2022 se registraron 237 denuncias de avasallamientos en el país, según el INRA inició acciones legales en 137 casos que son de su competencia al estar relacionadas con tierras fiscales disponibles o que están en proceso de saneamiento. 

El Director del INRA dijo que solo en Santa Cruz hay más de 30 aprehendidos por avasallamientos que guardan detención preventiva en Palmasola.

La autoridad exhortó a las personas afectadas por avasallamientos y tráfico de tierras a denunciar a los cabecillas. 

Hace dos semanas, el presidente de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), Julio César Sierra, fue enviado a prisión preventiva por seis meses imputado por la toma ilegal de tierras en el predio denominado Yubi Guazú del municipio de Ascensión. Horas antes a su aprehensión, Sierra apareció en una fotografía junto al viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, en un acto que se desarrolló en oficinas de la Cidob.

DENUNCIAS

Según datos del Gobierno, en 2022 se contabilizaron alrededor de 26 denuncias de avasallamientos al mes. En la gestión 2021 se registraron 367 casos.

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