Asistente del TSJ cobró Bs 20.000 después de que se emitió el fallo

El fallo por el que un funcionario de la Sala Social Primera del TSJ habría cobrado Bs 20.000 tiene fecha del 28 de octubre de 2022 y fue notificado el 5 de diciembre, mes en el que se concretó el pago. De ser así, la transacción se habría materializado después de que los magistrados de la institución con sede en Sucre dictaron la sentencia.

CORREO DEL SUR publicó este jueves una denuncia de un recurso de casación que llegó a la Sala Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de una demanda en la que un trabajador solicitaba a una empresa el pago de sus beneficios sociales pero, para que el fallo saliera a su favor, según supo este periódico, un funcionario le habría exigido 20.000 bolivianos.

El litigante cumplió con la solicitud y la sentencia salió a su favor, pero no con el monto de desahucio que él demandaba. Por esto, pidió la devolución del dinero que había pagado y, al final, le habrían hecho un depósito bancario con ese mismo monto.

Según los antecedentes a los que accedió este diario, el Juzgado Quinto de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista del 28 de agosto de 2018, declaró probada en parte la demanda a favor de este litigante ordenando a una empresa petrolera el pago de 406.148 bolivianos por desahucio, indemnización, vacaciones adeudadas, aguinaldo y sueldos devengados. Esta resolución llegó en casación al TSJ.

El funcionario involucrado habría presionado al litigante con dicho pago en diciembre pasado, indicándole que necesitaba el dinero para que la sentencia salga a su favor. Pero ese fallo habría sido emitido más de un mes antes.

“LO CONOZCO DE VISTA”

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, instruyó a la Unidad de Transparencia del alto tribunal de justicia que se inicien acciones legales ante el Ministerio Público.

“Se ha dispuesto que la Unidad de Transparencia inicie las acciones legales correspondientes; esto significa la denuncia que debe ser efectuada al Ministerio Público y será esta la que esclarezca en una investigación (…) cuál es la responsabilidad y los hechos delictivos que habría cometido este servidor judicial”, declaró Torres este jueves a CORREO DEL SUR.

“¿Usted conoce a este funcionario?”, le preguntó este periódico. Ante lo cual respondió: “Es un funcionario más del TSJ. Seguramente lo conozco de vista, nunca he tratado en una relación personal o profesional porque no ha sido mi funcionario, no es mi funcionario en Presidencia, entendido que trabaja en una de las salas especializadas, la Sala Primera Contenciosa Administrativa Laboral del TSJ”.

“Se ha denunciado un hecho de corrupción que debe ser denunciado e investigado en las instancias pertinentes”, puntualizó.

“Nadie tiene que pagar un centavo por un fallo judicial o un auto supremo, y quienes se ven obligados o extorsionados para realizar ese tipo de pagos, tienen las instancias, las instituciones llamadas por ley para hacer conocer estos hechos delictivos que no pueden ser tolerados en el marco de la cero tolerancia a la corrupción”, agregó.

Torres dijo que aparentemente, por lo denunciado periodísticamente, el funcionario habría cometido los delitos de cohecho activo, favorecimiento a un determinado litigante e incluso enriquecimiento ilícito; pero aclaró que eso lo debe definir una investigación penal.

La autoridad afirmó también que el Ministerio Público debe determinar si este servidor judicial actuó de manera unilateral e individual o en complicidad con otras personas.

El magistrado José Antonio Revilla dijo que está con baja médica desde hace casi un mes y que este jueves vino a su oficina solo para responder a la denuncia contra un funcionario de su sala.

REVISIÓN

La expresidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), Silvia Padilla, sostiene que los abogados asistentes son los que preparan los proyectos (de sentencia) y los magistrados revisan cuestiones de forma, cuestiones estrictamente legales, pero no revisan a detalle ciertos temas.

Abogada: “No es una novedad”

La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) pidió la investigación del caso para establecer responsabilidades. “Lo que podemos decir es que se investigue si alguien cree, siente o ha sido objeto de cobro ilegal, que se investigue y se llegue a la verdad y se determine si realmente existe o no”, declaró su presidenta, Grenny Bolling.

Aclaró que este tema no puede quedarse solamente en una denuncia pública, sin sanción con una sentencia.

Desde el foro local, varios abogados reiteraron que el cobro por sentencias en el sistema judicial boliviano es un “secreto a voces”. Algunos señalaron que estarían involucrados, sobre todo, funcionarios subalternos. “Por supuesto, no en todos los casos”, aclaró la expresidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Padilla. 

“No es una novedad, todo el mundo que ha litigado en este país sabe y conoce que no solamente en los tribunales de jurisdicción nacional, sino en los tribunales departamentales, sobre todo en los del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), el tema de ‘movimiento económico’, en palabras más coloquiales, es bastante habitual”, agregó. “En muy pocas ocasiones se ha visto que magistrados sean los que realicen estos cobros. En realidad, son los funcionarios subalternos que, a nombre de los magistrados, hacen estos cobros; por supuesto, no en todos los casos”, sentenció.

Magistrado Revilla reconoce que el sindicado trabaja con él

En la denuncia se conoció que el funcionario en cuestión sería “asesor” de José Antonio Revilla, uno de los magistrados de la Sala Social Primera del TSJ, que este jueves, en conferencia de prensa, admitió que esa persona es parte integrante de su despacho, pero dijo que recurrirá a CORREO DEL SUR, como medio que publicó la información, para recabar datos y recién plantear una denuncia formal.

“Necesitamos que nos proporcionen los datos correspondientes, y, si no lo hacen, bueno, tendremos que encontrar los modos correspondientes para formular la denuncia y, es tarea del Ministerio Público hacer las investigaciones”, aseveró.

“Queremos que nos proporcione la información el periódico para que hagamos la denuncia (…) Por lo menos la copia de la denuncia, para que no quede como un ‘escandalete’”, declaró Revilla desde su despacho.

En su criterio, la denuncia no puede ser presentada sobre la base de “una simple nota de prensa” y por “la gravedad del hecho” corresponde “tomar los datos correspondientes”.

“Consiguientemente, lo que necesitamos es que CORREO DEL SUR, el órgano de prensa correspondiente, nos colabore; si efectivamente está comprometido, como lo debe estar cualquier ciudadano del Estado boliviano, con la lucha contra la corrupción, nos proporcione (información). No estamos pidiendo que se violente el secreto de fuente, pero se tiene que investigar y no puede quedar como una nota de prensa y que el presunto funcionario que entrega el dinero quede en la nada”, agregó el magistrado.

Dijo que el funcionario en cuestión fue su suplente como catedrático de la Facultad de Derecho de San Francisco Xavier. “Para mayor claridad, (el funcionario) es asistente del despacho de la magistratura de Chuquisaca”, explicó.

Pidió también que se revele el nombre completo del funcionario que habría cobrado el dinero y luego depositado en una cuenta bancaria como si tratara de una transacción por la compra de una motocicleta. En la información original de este periódico se consignan sus iniciales: J.A.C.B.

En ese sentido, el magistrado reclamó que solo se hayan consignado las iniciales del involucrado y, en cambio, se haya identificado tanto a él como al presidente de la Sala Social Primera, Esteban Miranda.

“Este (la denuncia) es un elemento punitivo, la corrupción es un elemento de punición. Acá no (lo) arreglamos destituyendo al funcionario, aquí (lo) arreglamos investigando todo lo que se refiere que se diría en pasillos; esta es una buena oportunidad de desenmascarar, lo que nos interesa es la sanción punitiva”, dijo.

“De ser evidente que hay un hecho de semejante corrupción, el suscrito magistrado presentará la denuncia correspondiente”, aseguró.