El ministro de Justicia, Iván Lima, pedirá al Presidente y a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la suspensión temporal del funcionario involucrado en el presunto cobro de 20.000 bolivianos por una sentencia en la Sala Social Primera y ofreció protección a las personas que denuncien y brinden información sobre hechos de corrupción, en el marco de la Ley de Fortalecimiento y Lucha Contra la Corrupción.
En entrevista con CORREO DEL SUR, Lima dijo que instruyó al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción evaluar la presentación de una denuncia o querella penal, o en su caso adherirse a la denuncia que hay en el Ministerio Público en Chuquisaca, una vez que tomó conocimiento de este hecho a través de una publicación del diario capitalino.
“Tengan la seguridad que el lunes vamos a presentar las acciones legales correspondientes en la ciudad de Sucre”, adelantó la autoridad.
“Nos parece muy grave la situación que ha sido denunciada por CORREO DEL SUR. Es inaceptable. Ninguna forma de corrupción en la administración de justicia, ellos tienen que ser el ejemplo de ética y de transparencia. Vemos elementos objetivos que permiten afirmar que es necesario el inicio de una acción penal y esperamos que la Sala Plena del TSJ, al menos suspenda a este mal funcionario hasta que aclare la situación”, sostuvo.
La autoridad dijo que respetan la presunción de inocencia y el debido proceso de este funcionario, pero advierte que existe una situación “muy irregular”.
“Además iniciar nosotros también acciones legales contra los cómplices o encubridores de este funcionario, vamos a pedirle y exhortarle a nuestro Presidente del TSJ y a la Sala Plena que al menos suspendan a este funcionario mientras duren las investigaciones”, remarcó.
Lima insistió en que “es intolerable” que pueda sembrarse dudas sobre el trabajo del TSJ, y manifestó que los miembros de este Alto Tribunal son los primeros llamados a cuidar la imagen institucional del Órgano Judicial del país.
“Vamos a hacer, como siempre lo hacemos en el Ministerio de Justicia, una acción responsable, una acción diligente que le asegure a la población resultados y sentencias, nosotros no nos quedamos con denuncias, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este caso y vamos a encontrar la verdad”, puntualizó.
EXHORTA A DENUNCIAR
El Ministro de Justicia exhortó a la población a presentar denuncias sobre presuntos hechos de corrupción ante las unidades de transparencia y la prensa.
“Tengan la seguridad que el Ministro de Justicia y el presidente Luis Arce, no tienen tolerancia contra los hechos de corrupción y vamos a actuar de la misma manera contra los funcionarios que manchen la ética de nuestros tribunales de justicia”, enfatizó.
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES
En ese marco, Lima se refirió a la Ley de Fortalecimiento y Lucha Contra la Corrupción que exime de pena y de cualquier sanción a quien se haya visto extorsionado, amenazado y haya tenido que pagar alguna suma de dinero.
“Esas personas van a ser protegidas por el Ministerio de Justicia y si nos dan la información adecuada vamos a prescindir de una acción penal eventualmente contra los denunciantes, eso lo permite la Ley de Fortalecimiento y Lucha Contra la Corrupción, y llamamos a ustedes (la prensa) y a la población a que puedan hacer denuncias que van a tener siempre en el Ministerio un accionar de cero tolerancia a la corrupción, vamos a seguir todas las acciones cuando se presenten denuncias de parte de los ciudadanos”, dijo.
El jueves, CORREO DEL SUR publicó una denuncia dentro de un recurso de casación que llegó a la Sala Social Primera del TSJ, por una demanda en la que un trabajador solicitaba a una empresa el pago de sus beneficios sociales, pero –para que el fallo salga a su favor–, según supo este periódico, un funcionario le habría exigido el pago de Bs 20.000.
El litigante cumplió con la solicitud y la sentencia salió a su favor, pero no con el monto de desahucio que él demandaba. Por esto, pidió la devolución del dinero que había pagado y, al final, le habrían hecho un depósito bancario con ese mismo monto.
REVILLA SE QUERELLA
El viernes, el magistrado José Antonio Revilla interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público contra autor o autores, por los delitos de cohecho pasivo y cohecho activo.
En la denuncia que fue presentada por un abogado enviado por Revilla, la autoridad afirma que “estos hechos causan un grave perjuicio a la administración de justicia, puesto que hacen figurar que se estaría efectuando cobros ilegales en el TSJ, que merecen ser investigados a fin de establecer la veracidad de los mismos”.
La autoridad judicial dijo que recurrió al periódico CORREO DEL SUR para recabar prueba documental a fin de esclarecer y denunciar el presunto hecho de corrupción, sin embargo, hasta el momento de presentación de la denuncia en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, el medio de comunicación no cooperó con la información solicitada.
El jueves, el magistrado reconoció que el funcionario de iniciales J.A.C.B, trabaja en su despacho judicial y que fue su suplente de docencia en la facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
PAGO POR FALLO
El jueves, este diario publicó una denuncia dentro de un recurso de casación que llegó a la Sala Social Primera del TSJ, por una demanda en la que un trabajador solicitaba a una empresa el pago de sus beneficios sociales pero, para que el fallo saliera a su favor, según supo este periódico, un funcionario le habría exigido el pago de Bs 20.000.
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