La Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sumó una nueva denuncia por el supuesto cobro de 20.000 bolivianos por un fallo dentro de una demanda laboral de un extrabajador petrolero en Santa Cruz. Este lunes se conoció que la denuncia del magistrado José Antonio Revilla, presentada el pasado viernes, fue admitida en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Entretanto, la autoridad anunció una reestructuración de su personal de confianza y pidió la entrega de informes.
El fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, informó que la denuncia presentada por Revilla es “contra autor o autores” del presunto hecho de corrupción por los delitos de cohecho activo y cohecho activo.
“La denuncia pasó por la Unidad de Análisis, la misma ya ha sido admitida y ahora corresponde al fiscal emitir los requerimientos respectivos para que tengamos los resultados que el Ministerio Público espera”, declaró.
El Ministerio Público, de acuerdo al procedimiento para estos casos, tiene 20 días para identificar al autor o a los autores de los hechos y emitir las resoluciones que correspondan, según explicó Nava Morales.
NUEVA DENUNCIA
Ayer, lunes, la directora de la Unidad de Transparencia del TSJ, Evelin Pari Quispe, presentó una denuncia “contra autor, autores o partícipes” de este caso y solicitó al Ministerio Público, una vez identificado al responsable, o a los responsables, que emita la imputación y posterior acusación para un juicio oral.
La víctima identificó a J.A.C.B. como el funcionario que le cobró dicho monto de dinero. Dijo que esta persona le hizo conocer la tarifa de costos que cobraban en demandas laborales: 7 por ciento del monto demandado.
El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció el viernes que su cartera del Estado se pronunciaría hasta este lunes, ya sea con una nueva querella o adhiriéndose a una de las denuncias en curso. Sin embargo, ayer no llegó nada a la Fiscalía desde La Paz.
¿CAMBIO DE PERSONAL?
El magistrado Revilla, de la Sala Social Primera, donde trabaja el funcionario denunciado, pidió este lunes a sus asistentes que entreguen la documentación de su oficina al día, con miras a una reestructuración y un posible cambio de personal en las próximas horas, luego de que se denunciara el presunto cobro por un fallo.
El jueves pasado, Revilla reconoció que J.A.C.B. “es asistente del despacho de la magistratura de Chuquisaca”.
HECHO
De acuerdo con la denuncia que recibió y difundió CORREO DEL SUR la semana pasada, un funcionario de la Sala Social Primera del TSJ cobró Bs 20.000 a un litigante para que este se beneficie de un fallo por demanda laboral.
Dudan de que Revilla no sabía del cobro
El exparlamentario opositor Amilcar Barral no duda que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) José Antonio Revilla conocía del cobro de su funcionario y declaró que pretende protegerlo del proceso que se viene por la denuncia publicada la semana pasada. Dijo que por eso no lo individualizó en la denuncia, pese a que sabe de quién se trata.
El también abogado lamentó que en estos casos de corrupción dentro del sistema judicial los responsables siempre sean personal de menor rango, “sabiendo que si hay extorsión y cobros, estos hechos irregulares siempre están a la cabeza los jefes, porque son los directos beneficiados y les piden a sus funcionarios sacrificarse para ellos salir inocentes”.
En su criterio, no solo se debería investigar al funcionario que cumple órdenes, sino también a las autoridades superiores que firman los fallos. “Ojalá que el magistrado Revilla no esté metido en este tema”, afirmó.
“¿Quieres dudar que Revilla no sabía de esto? Es pues curarse en sano y querer culpar, porque seguramente el tema era muy evidente y ahora quiere culpar a su funcionario. Donde un magistrado, si sabe que hay corrupción en su oficina, él mismo le lleva (al funcionario) ante el Ministerio Público y denuncia que esta persona está robando a mi nombre, porque al final yo firmo la sentencia”, agregó Barral.
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