Camacho opta por su derecho al silencio dentro del proceso por el paro en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho de guardar silencio, dentro de otro proceso en su contra, por el paro de 36 días que exigía el pasado año una Ley del Censo.

“El Gobernador se ha acogido a su derecho de guardar silencio porque entendemos que no conviene realizar en este momento ningún tipo de declaración al respecto; además, dado a los antecedentes que han sido puestos a nuestro conocimiento, al momento de prestar su declaración informativa, vamos a asumir nuestra defensa como corresponde”, afirmó su abogado Cristopher Balcázar.

Camacho guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el denominado caso “Golpe I”, por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019.

En la investigación por el paro de 36 días, es investigado por los delitos de asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el Presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y terrorismo.

Además de Camacho, son investigados el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

Abogado cuestiona a la Fiscalía

Según Balcázar, no existe “ningún nexo causal” ni de vinculación del Gobernador cruceño con los 36 días de paro, entre octubre y noviembre de 2022, por el Censo.

Aseguró que, por el contrario, en esas jornadas de movilización, los sectores sociales afines al Gobierno actuaron en contra de la población cruceña con medidas de presión como bloqueos. Incluso, dijo que hubo “complicidad” de la Policía para actuar con represión.

“(La Fiscalía) no actuó de forma objetiva y, por el contrario, solo con reportes de prensa acepta las denuncias y realiza actos investigativos en contra de quienes no tuvieron participación alguna en las jornadas de movilización”, aseguró.

El caso fue abierto a denuncia del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.