Caso ABC: Antes de morir, el testigo protegido cuestionó a Lima y lamentó desatención del Gobierno

Antes de morir, Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido del caso de la supuesta “coima” de Bs 9 millones para que la empresa china Chec se adjudique el tramo carretero Sucre-Yamparáez, dejó un video de 24 minutos al que accedió el diario El Deber.

Allí, además de dar su versión de los hechos, acusa de persecución al Ministerio de Justicia e informa que iba a apersonarse a la delegación diplomática más cercana para regresar al país, “pero bajo mis condiciones… no pienso ser usado como trofeo, primero muerto”. El video fue grabado en enero de este año. Sandy Rivero falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos, según el ministro de Justicia, Iván Lima.

Dice que en febrero de 2021 fue buscado por primera vez por Jin Zhengyuan, representante legal de Chec, representante legal de CHEC y que lo contrataron “teniendo como referencia el trabajo previo que yo había realizado con distintas instituciones en el campo de las hidrovías”.

Asegura que estuvo en varias reuniones en las que participaron la empresa china, el ministro de Obras Públicas, el embajador de China y el vicepresidente del Estado boliviano, entre otros, y allí pudo “obtener una promesa de donación del Gobierno chino hacia el boliviano para la prospección y estudio de las hidrovías”.

De acuerdo con la nota de El Deber, afirma que Zhengyuan le pidió que lo asista en las reuniones con el objetivo de: 1) Relacionarlo con los actores locales de Sucre, “para lo que gestioné reuniones con la Cadeco, Fancesa y Concretec. 2) Negociar subcontratos y compra de material, para lo cual se contactó y negoció con distintas empresas y proveedores. 3) Negociar una posible alianza con la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción Civil. “En ningún momento tuve contacto con miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ni intervine en el proceso licitatorio”.

Dice que fue testigo de actos irregulares, entre enero y mayo de 2022, “cometidos entre CHEC, a través de Jin, y funcionarios de la ABC”. Admitió que en esos meses contrató a abogados para reclamar sus honorarios por su labor en el proyecto de hidrovías, y también para analizar y preparar una potencial denuncia por los actos de corrupción presenciados.

El 10 de junio de 2022 “me comuniqué con los superiores jerárquicos del Jin Zhengyuan en la China informando de la situación, sin haber recibido respuesta alguna.

Entre junio y julio de 2022, tanto él como sus abogados, “presentamos el caso a autoridades de Gobierno en distintas instancias, llegando hasta altas autoridades de la presidencia y la vicepresidencia, a efectos de que el caso se pueda resolver con discreción y sin escándalo público. Al no haber recibido respuesta alguna, se decidió acudir al diputado del MAS, Héctor Arce, que en ese momento había ganado cierta prominencia con denuncias contra la corrupción. Todo ello con la finalidad de lavar los platos sucios en casa”.

En ese momento, el MAS era un partido unido, “al menos a los ojos del público”. Por ello, explica, Arce, acompañado por los abogados de Sandy, presentaron el caso en audiencia pública a la ministra de la Presidencia, el 12 de agosto de 2022. “Lo cual fue recibido con inacción y oídos sordos”.

Por eso, ante la pasividad, definieron con Arce formalizar la denuncia ante el Ministerio Público a finales de agosto, para lo cual, mi intervención testifical era fundamental para que el caso sea admitido”.

HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN

Felipe Sandy Rivero denunció que el ministro Lima, “con el objetivo de distraer la atención de la población, se dedicó a hostigar al testigo protegido, solicitando en dos ocasiones la identidad del mismo. En ambas ocasiones estos pedidos fueron denegados por la Fiscalía. Estos actos ya de por sí, constituyeron en una clara violación a la Ley 458 de testigos protegidos y a la normativa de lucha contra la corrupción. Esa ley ya no vale para nada, ya no sirve”, aseveró.

Luego de un sorbo de agua, continuó: “Sin embargo, eso no detuvo los actos de persecución del Ministerio de Justicia, que acudió a otras instancias de chicanería jurídica para intentar involucrar y perseguir al testigo protegido, para revelar su identidad y atacarlo, argumentando que un testigo ve los hechos de lejos, como si fuera un accidente de auto, cuando en realidad la ley 458 se crea para situaciones específicas como los casos de corrupción, donde el testigo, por la misma esencia de los hechos, tiene una cercanía especial a los autores y delitos presenciados, y requiere una especial protección”.