El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, admitió desconocer cómo el prontuariado capitán de la Policía Javier Alberti se liberó de sus procesos penales y administrativos para seguir en funciones; anunció una investigación al interior de la institución del orden y advirtió con procesos contra los que lo favorecieron.
El capitán Alberti fue detenido el pasado martes, luego de ser identificado como uno de los autores del robo a un ciudadano el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Este último acto delictivo se suma a la lista de delitos que cometió desde 2009. Ese año, el oficial fue recluido en la cárcel de Palmasola por transportar 59 kilos de cocaína.
En 2015, Alberti fue aprehendido por extorsión y privación de libertad a un ciudadano. El 13 de marzo de 2021, fue acusado públicamente por extorsionar a un transportista en Challapata.
En junio de 2022, fue denunciado por pertenecer a una red de “chuteros”, que internaba vehículos robados de Chile a suelo boliviano. Por este último hecho, el uniformado fue encarcelado en el penal de San Pedro de Oruro por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
“No entendemos cómo en el pasado pudo liberarse este sujeto de los procesos administrativos, disciplinarios, como de los procesos penales. Por lo tanto, se ha instruido que se inicien las investigaciones en contra de los fiscales y los tribunales administrativos al interior de la Policía Boliviana. Y si es que han ayudado a este sujeto, al margen de la ley, al margen de cualquier normativa legal vigente, también van a ser procesados”, advirtió Del Castillo.
En su presentación ante los medios de comunicación, Alberti puso resistencia y evitó que su imagen sea reflejada ante la prensa. Los cuatro efectivos forcejearon, pero no pudieron controlarlo en medio de gritos en los que alegaba inocencia.
“No soy delincuente. No soy el de la foto. Fernando Bustillos y toda la Felcc (…), no soy un delincuente. No soy el de la foto. Soy inocente. Me han montado este caso. Me han armado un caso, señor ministro. El coronel Bustillos…”, reclamó interrumpidamente Alberti en medio de los forcejeos.
El ministro de Gobierno admitió que los procesos disciplinarios y administrativos de la Policía están obsoletos y son pasibles de anulación con acciones de amparo y demás “artimañas y chicanas jurídicas”.
Por ello, la autoridad anunció que preparan un proyecto normativo que será presentado a la Asamblea Legislativa para actualizar y endurecer las sanciones.
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