Piden lista de funcionarios del TSJ para indagar cobros

El Ministerio Público emitió un requerimiento para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mande una lista de los funcionarios de la Sala Social Administrativa Primera y un informe de las sentencias –relacionadas con demandas laborales– que se dictaron entre noviembre y diciembre de 2022, con el objetivo de identificar al o a los responsables del supuesto cobro de Bs 20.000 por un fallo judicial.

El 16 de marzo, CORREO DEL SUR publicó que el TSJ atendió un caso de demanda laboral en la que un trabajador solicitaba a una empresa el pago de sus beneficios sociales pero, para que el fallo saliera a su favor, un funcionario de la más alta institución judicial del Estado le habría pedido Bs 20.000. Luego de que el fallo en cuestión no saliera tal como se habría acordado, el litigante exigió la devolución del dinero, lo cual habría sido cumplido por el funcionario denunciado.

El fiscal asignado al caso, Javier Gorena, informó que, según la denuncia, el funcionario denunciado pertenece a la Sala Social Primera del TSJ –lo cual fue reconocido por el magistrado José Antonio Revilla– y, efectivamente, la sentencia por la que recibió el pago estaba relacionada con una demanda laboral.

Explicó que con dicha nómina se convocará a algunos funcionarios para que presten entrevistas informativas y así establecer quién o quiénes podrían estar implicados en este hecho de corrupción. “Una vez accedamos a las listas les vamos a convocar para, primero, conocer qué es lo que ha sucedido; de ahí vamos a tener que verificar, en cuanto a los tiempos y momentos, cuáles pudieran tener algunos indicios”, manifestó.

El Fiscal señaló que, luego de estas entrevistas informativas, se podrá determinar si es necesario convocar a otras personas.

DENUNCIAS

Un día después de que se revelara la denuncia, el 17 de marzo, el magistrado Revilla presentó una denuncia penal en contra de autor o autores de este hecho. Entonces, la autoridad dijo: “Este es el momento de encontrar a todo corrupto, sea abogado, litigante, sea funcionario judicial. No toleramos corrupción de nadie”.

“El personal que trabaja con nosotros los conocemos bastante bien y las iniciales (J.A.C.R) darían a entender de que es un funcionario que trabaja con nosotros (…)”, complementó.

Se sumaron también con denuncias la Unidad de Transparencia del TSJ y el presidente de la Sala Social Primera, Esteban Miranda, quienes demandaron investigar los delitos de cohecho pasivo y cohecho activo, concusión y beneficios en razón del cargo.

MINISTERIO

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Viceministerio de Transparencia se pronunciaría con una denuncia sobre este hecho pero a la fecha no presentó en la Fiscalía.