Aumenta el número de reos sin sentencia en San Roque

TDJ de Chuquisaca reconoce que hay hacinamiento en la cárcel y recuerda vigencia de una ley que en 2019 dispuso reducir detenciones

RECLAMO. El uso de dispositivos electrónicos para evitar detenciones preventivas continúa como proyecto en Bolivia. Referencial

En los últimos dos años, el número de detenidos preventivos en la cárcel San Roque se incrementó en un 15% y, por eso, el Tribunal Departamental de Justicia en Chuquisaca (TDJ) exhortó a las autoridades nacionales a implementar las manillas electrónicas como una medida cautelar para evitar las detenciones preventivas, tal como lo establece la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, de mayo de 2019.

Según datos del Juzgado de Ejecución Penal, compartidos por el decano del TDJ, Iván Sandoval, hasta el 31 de diciembre de 2021 había 179 reclusos con detención preventiva y 314 con sentencia. En porcentajes, 36% de preventivos y 64% de sentenciados.

Esta cifra cambió para el 31 de diciembre de 2022, porque el número de detenidos preventivos se incrementó a 404 (50%) y los que tienen sentencia a 407 (50%). Es decir, con relación a 2021, hay 15% más de preventivos.

Del total de reclusos, 274 guardan detención por delitos comunes como robo y otros. Les siguen los acusados por delitos de narcotráfico (86), contra la Ley 348 de Violencia Contra la Mujer (64) y por corrupción (11).

HACINAMIENTO

Sandoval informó que, de acuerdo con las cifra registradas hasta el 31 de diciembre del año pasado, hay un preocupante hacinamiento en la cárcel San Roque.

La autoridad dijo que se analiza “la forma en la que sea posible reducir el hacinamiento”. Aseguró que se realizaron audiencias con el fin de llevar a cabo periodos de descongestionamiento penal y que las soluciones a los conflictos jurídicos lleguen a su fin lo más rápido posible, sin necesidad de llegar a juicios.

No obstante, Sandoval indicó que los esfuerzos no son suficientes y espera que se dé cumplimiento a una de las medidas cautelares personales incluida en la Ley 1173, que data del 3 de mayo de 2019.

¿QUÉ DICEN LAS LEYES?

La Ley 1173 contempla “establecer, entre una de las medidas (…) la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico”. Es decir, la aplicación de un mecanismo de rastreo y posicionamiento de la ubicación física de una persona, sin que ello represente costos para el acusado.

Sandoval reclamó la falta de aplicación de esta modalidad, pese a que la ley ordena a las fuerzas policiales elaborar, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, una reglamentación para el uso de dispositivos (manillas electrónicas) de vigilancia, rastreo o posicionamiento de la ubicación física de las personas.

Todo esto en un plazo de 90 días calendario desde la puesta en vigencia de la referida ley, que es de mayo de 2019.

“La disposición prevista en el numeral 7 del Parágrafo I del Artículo 231 bis (Medidas Cautelares Personales) de la Ley Nº 1970, se aplicará a partir de la fecha de publicación de la Ley que disponga el uso y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física. Su aplicación progresiva será conforme a disponibilidad, a cargo del Ministerio de Gobierno”, se lee en esa norma.

Recordó que anteriormente, se afirmó que las manillas electrónicas se aplicarían de manera paulatina y que el Ministerio de Gobierno será el ente encargado de establecer un presupuesto para la adquisición de estos aparatos. También se dijo que se determinó que una carrera técnica de la ciudad de Cochabamba se encargaría de la elaboración de los mecanismos ya que ofertó el servicio a precios módicos para el Gobierno

Empero, se desconoce las razones por las cuales, hasta la fecha, no se pudo fijar un monto para la fabricación de estas manillas, puntualizó el Decano del TDJ.

RECOMENDACIÓN DEL TCP

Sandoval indicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional “habría recomendado” al Ministerio de Gobierno la implementación de un sistema informático de registro penitenciario en todo el país, así como de las manillas electrónicas para los aprehendidos que cumplen su condena fuera de un centro penitenciaron por cualquier beneficio otorgado.

“El uso de las manillas electrónicas no solamente beneficiaría a los detenidos preventivos, sino también a los que cumplen condena (…) Haciendo posible la vigencia de estas manillas electrónicas, prácticamente el hacinamiento carcelario dejaría de ser tal”, concluyó.

LICITACIÓN

En 2018, el magistrado del TSJ Esteban Miranda anunció que había una licitación para proveer manillas de control por parte del Ministerio de Gobierno y que estaban elaborando los reglamentos de aplicación. La primera experiencia del plan piloto se iniciaría en Cochabamba con aproximadamente 500 dispositivos para sustituir en algunos casos la detención preventiva. Hasta ahora, no se implementó.

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