CIDH recibe denuncias de dos regiones y víctimas de La Calancha

Representantes de instituciones y organizaciones civiles de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre se reunieron este miércoles con los miembros de la CIDH, que cumplieron su tercer día de visita “in loco” en Bolivia.

La Gobernación de Santa Cruz denunció que el gobierno de Luis Arce tiene un “tinte dictatorial”; la Gobernación de Chuquisaca, la falta de independencia del sistema judicial; mientras que los jueces del país, “persecución” por sus fallos y falta de transparencia en la designación de autoridades judiciales.

En Sucre, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron primero con el gobernador Damián Condori y después con autoridades judiciales, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de la Fiscalía General del Estado. También recibieron a instituciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y a víctimas de La Calancha, representantes del colectivo LGTB y la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol).

GOBERNADOR CONDORI

Condori, luego del encuentro, atendió a la prensa para hacer conocer lo abordado con los comisionados.  “Hemos hecho conocer la falta de independencia plena de los órganos del Estado; en este momento, somos testigos de que no hay una independencia plena de los poderes del Estado”, comentó la autoridad de Chuquisaca. 

Dijo que el fortalecimiento de “la democracia y la justicia se ha estancado”, y que les hizo conocer que desde el inicio de la preselección de los candidatos y candidatas al Órgano Judicial y el TCP no hay independencia ni transparencia. Y lo propio con el Fiscal General, que, en su criterio, son “designados por una Asamblea Legislativa dominada por un partido político”, el MAS.

La misión de la CIDH también se reunió con el fiscal general Juan Lanchipa y con los magistrados del TSJ, del TCP y del Tribunal Agroambiental.

ORGANIZACIONES CIVILES

La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, dijo que en la reunión con los miembros de la CIDH pidieron recomendar al Estado boliviano la no persecución a los jueces por sus resoluciones, garantizar la estabilidad laboral, otorgar un presupuesto que afiance la independencia judicial y mayor transparencia en la designación de jueces y en la elección de magistrados.

“En caso de que alguien se vea afectado por una resolución de un juez, que apele primero y no sea objeto de críticas, incluso de persecución, por una resolución emitida”, dijo Bolling en referencia al procesamiento de jueces, sobre todo, en casos de interés político.

Aseguró que en la reunión con los comisionados pidió que el organismo de protección de los derechos humanos abogue por la independencia de los jueces, el reconocimiento de la legalidad de los transitorios, un mayor presupuesto, transparencia en la designación de jueces y magistrados y el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 704/2020, que dispone la evaluación de desempeño de los jueces para mantenerse en el cargo.

“Esperamos que se hagan las recomendaciones que hemos sugerido”, remarcó.

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Chuquisaca, Freddy Jiménez, también fue escuchado por la CIDH y dijo que entregaron tres denuncias de retardación de justicia relacionadas con los casos de La Calancha, que no se investiga desde 2007; la baja injustificada de la suboficial de la Policía, Cecilia Calani, procesada por supuestamente liderar un motín en 2019; y la situación de una persona condenada a 20 años de prisión por un feminicidio del que se considera inocente.

Además, participaron de este encuentro los familiares de las víctimas de La Calancha. Juan Cardozo, hermano de José Luis Cardozo, fallecido en noviembre de 2007, confirmó que lograron conversar con los comisionados para denunciar la retardación de justicia en este proceso penal.

El activista Mario Salazar, que está siendo procesado por el pintarrajeado de la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020 e investigado por la quema de la sede del Tribunal Electoral Departamental en Chuquisaca, también acudió ante la CIDH en Sucre.

PALABRA DEL FISCAL

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a través de una nota de prensa, hizo conocer que en la reunión con la CIDH se expuso las políticas y el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género.

En la nota se hace referencia que la comisionada Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, explicó el objetivo de la llegada de este organismo al país. “Estamos muy contentos de estar aquí y la idea es escuchar e intercambiar algunos puntos, como el rol de la Fiscalía que es muy importante para el trabajo en derechos humanos”, dijo la comisionada.

EN OTRAS REGIONES

El asesor de Gestión del Gobierno Departamental de Santa Cruz, Efraín Suárez, informó ayer, miércoles, que las autoridades cruceñas, en la reunión con la CIDH, le expresaron que el presidente Luis Arce “marcó una posición de su gobierno con un tinte dictatorial” tras el encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho.

“En esta reunión, como Gobernación de Santa Cruz, hicimos un relato de los antecedentes que han venido ocurriendo con relación a la vulneración de la democracia en nuestro país y en nuestro departamento”, afirmó.

FAMILIA DE CAMACHO

La familia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró reunirse ayer, miércoles, con la delegación de la CIDH que visitó la Gobernación cruceña y tras el encuentro expresó su deseo de que la misión internacional emita un informe “imparcial” de su trabajo en Bolivia.

“Con mi familia hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la CIDH para contarles sobre la vulneración a los derechos humanos y todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento; esperamos un informe imparcial y objetivo”, dijo Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño.

Los comisionados también estuviron en Cochabamba, donde se vio largas filas de personas que esperaban hablar con los miembros de este organismo internacional, entre ellas los familiares de las víctimas de Huayllani en 2020.

ENTREVISTA

16 años transcurrieron después de la última visita “in loco” de una delegación de la CIDH. La última vez fue en 2007.

CRÍTICAS

La misión oficial de la CIDH cumplió su tercer día de trabajo en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, en medio de críticas a su imparcialidad por participar en un acto de desagravio de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Del Granado: Informes de la CIDH no son tomados en cuenta

El exalcalde paceño y miembro de los Juristas Independientes, Juan del Granado, recordó que otras misiones internacionales llegaron a Bolivia en años pasados y, sin embargo, sus recomendaciones no fueron aplicadas en la práctica.

En 2021, expertos del sistema interamericano hicieron un informe de los hechos de 2019 y “plantearon la necesidad de una reforma urgente de la justicia”, comenzó relatando a Correo del Sur Radio. “Luego vino el Dr. (Diego) García-Sayán, representante de NNUU, que también dejó un informe con recomendaciones muy claras respecto a la selección y elección de magistrados, donde dijo: ‘la injerencia política hay que eliminarla’. “(Pero) Tampoco se ha tomado en cuenta ese informe”, denunció Del Granado.

En su criterio, “si bien es bueno que estemos en la mirada, en los ojos de la comunidad internacional, el Gobierno, pues, deja en calidad de papel mojado todos y cada uno de los informes que se han producido, porque no tiene la menor voluntad política de llevar adelante reformas mínimamente estructurales en la administración de justicia que, de ‘crisis’, ha pasado a ser una ‘tragedia’”.

Reacciones de la visita de la CIDH

• En La Paz, Tomás Peña y Lillo, representante de los militares, denunció que la Comisión “discriminó” a los presos políticos de las Fuerzas Armadas. “Hemos reclamado la falta de empatía que tiene la CIDH, porque solo visitaron a los políticos”. Hay un total de 29 militares procesados por los hechos de Senkata y Sacaba. 

• La exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, escribió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó este miércoles el penal Palmasola, donde la exautoridad está recluida. En el escrito detalla una serie de presuntas violaciones a sus derechos, se declara inocente de las acusaciones en su contra y como  “rehén política”, solicita su liberación.

• El eurodiputado Leopoldo López Gil denunció ayer, miércoles, que se violaron “todos” los derechos de la expresidenta Jeanine Áñez y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos detenidos en centros penitenciarios de La Paz.

• Legisladores de la Brigada Parlamentaria cruceña observaron con preocupación la participación del relator de la CIDH en Bolivia, Joel Hernández, en un acto de desagravio a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, situación que rechazan ante el organismo internacional.

La CIDH se reunió con policías y fiscales de Santa Cruz

La delegación de la CIDH se reunió este miércoles por la tarde con jefes policiales y fiscales de Santa Cruz para conocer sobre las funciones que cumplen y las actuaciones que se han realizado en los últimos meses, especialmente en las que se denuncia la vulneración de los derechos humanos y la persecución política.

La comisión internacional, representada por su presidenta Margarette May Macaulay; el comisionado, Joel Hernández García; la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido; y relator, Pedro Vaca, visitó primero el Comando Policial, donde fue recibida por el comandante departamental, Jhonny Omar Chávez.

Después, los comisionados de la CIDH se reunieron con el fiscal departamental, Róger Mariaca, y hablaron sobre los sucesos que se registraron en la capital cruceña después de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, el 28 de diciembre del año pasado, en especial la quema del edificio de la Fiscalía y los enfrentamientos con la Policía.

Por su parte, la presidenta de la delegación, Margarette May, expresó su solidaridad con los funcionarios de la Fiscalía que pusieron en riesgo su integridad física para proteger los documentos que se encontraban en el lugar.

“Me sorprende que los fiscales se hayan mantenido firmes resguardando su institución y sus documentos aún con el ataque y la quema de su edificio”, dijo la presidenta de la CIDH.

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que presentó una solicitud por escrito para pedir que se investigue la persecución política realizada por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la vulneración de los derechos de los “presos políticos”.

“Esperemos que la CIDH pueda llevarse con claridad lo que le hemos transmitido, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo con el tema judicial y con los jueces y fiscales vendidos que tienen un color político, pues hacen caso omiso a las normas y solo reciben órdenes del Gobierno central”, indicó.