Tras ataques en Santagro, Anapo pide seguridad jurídica; interculturales denuncian calumnias

Luego del ataque reportado en el predio de la empresa Santagro, donde cosechadores de soya fueron recibidos a tiros por supuestos avasalladores, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández pidió al Gobierno que garantice la seguridad jurídica para los productores y que cumpla con su rol para hacer respetar la propiedad privada.

“Creemos que está en manos del Gobierno darle una solución inmediata a este tema para desalojar a estos avasalladores que están actuando de forma impune, delincuencial con armas de fuego. Como sector productivo, lo único que pedimos es que se garantice la seguridad jurídica para los productores”, exhortó.

Requerimiento fiscal

El ejecutivo pidió a las autoridades de Gobierno hacer cumplir el requerimiento fiscal emitido el 13 de marzo, que ordena desplazar personal policial para determinar los actos delictivos cometidos por los invasores de la propiedad.

“Las autoridades del Gobierno actúen conforme a ley y puedan desalojar de una vez a estas personas que están invadiendo un predio que se encontraba en plena producción de alimentos, no tenemos datos oficiales de quienes son los cabecillas, en todo caso corresponde a las autoridades que hagan las investigaciones correspondientes y que determinen quienes son los que encabezan los que financian estos grupos irregulares”, remarcó.

El representante Anapo expresó su preocupación por la situación del predio Santagro y aseguró que es evidente la inseguridad jurídica para los dueños de los terrenos.

“Estamos sumamente preocupados por la situación que se está dando en el predio Santagro donde hay una evidente inseguridad jurídica para los propietarios del predio, no olvidemos que Santagro es un predio que está produciendo hace más de 25 años alimentos para el país, es un predio que tenía 1.800 hectáreas sembrada con el cultivo de soya y que actualmente los dueños no están pudiendo ingresar a levantar la cosecha de una inversión tan importante que han hecho”, declaró a los medios de comunicación.

Los predios de Santagro ya fueron tomadas dos veces por avasalladores. El primer hecho se registró el 25 de diciembre de 202; sin embargo, el Ministerio de Gobierno y la Policía intervinieron y se logró dar fin a la toma ilegal, aunque ello duró pocas horas ya que, los invasores volvieron a ingresar incluso con armas de fuego y causando daños físicos contra trabajadores y efectivos policiales que resguardaban la propiedad.

Esta jornada, un grupo de trabajadores que cosechaban soya fueron atacados, con disparos de armas de fuego por avasalladores. En las últimas horas se reportó un fallecido, según declaraciones del abogado del propietario de Santagro a El Deber, Uber Zambrana. La víctima pertenecería a los interculturales.

“Se hacen pasar por empresarios”

Ante estos hechos, el secretario de organización de la Federación de Interculturales, Guido Cuadros, afirmó que hay personas que se hacen pasar por empresarios y “son ellos los que se quieren apropiar de lo ajeno” y los culpan de los avasallamientos.

“Hay personas que se hacen pasar por empresarios y nos culpan, culpan a los interculturales, se apropian de lo ajeno, nosotros respetamos las normas, ellos son los traficantes de tierras, son avasalladores de tierras tenemos prueba de una persona que ya está identifica”, manifestó.

Agregó que tienen a una persona identificada como presunto avasallador y que se hace pasar por empresario con iniciales J.M, además reveló que reciben amenazas del mismo.

“Denunciar al señor J.M., este señor hace tráfico de tierras y avasalla a tierra fiscal. Opera desde tiempo y nos hace ver como culpables, en un caso ha procedido con un expediente de “La Esperanza” y hacer aparecer otro con el mismo número de expediente en San José de Chiquitos, hacen negocio y se hacen pasar por empresarios y este señor incluso nos amenaza”, mencionó.

El dirigente intercultural aclaró que desde 2010 estas personas también hacen la tala de árboles y no hay autoridades que puedan identificar las irregularidades.

“Pedir ayuda por parte de las autoridades nacionales departamentales, es un traficante de tierras y de ahí logra sacar beneficios culpándonos a nosotros, traen grupos y pido a los del INRA que puedan hacer lo necesario para evitar estos actos. Ellos también talan árboles, y nadie les dice nada”, lamentó.

Según el dirigente, los “supuestos” empresarios ingresan con maquinaria pesada por la noche y desmontan tierras fiscales para no ser identificados.