El Ministerio Público conminó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a remitir la lista de funcionarios de la Sala Social Primera para identificar a la persona que supuestamente cobró 20.000 dólares por un fallo, dentro de una demanda laboral.
La Fiscalía envió un requerimiento solicitando la nómina de funcionarios y los fallos, relacionados con demandas laborales, que se dictaron entre noviembre y diciembre de 2022. El TSJ solo cumplió con esto último, según informaron fuentes del Ministerio Público.
Por ese motivo, los fiscales que investigan este caso conminaron a la Sala Social Administrativa Primera del máximo tribunal de justicia a remitir la nómina de trabajadores.
El 16 de marzo, CORREO DEL SUR publicó que el TSJ había atendido una causa de demanda laboral en la que un trabajador solicitaba a una empresa el pago de sus beneficios sociales pero, para que el fallo saliera a su favor, un funcionario judicial habría pedido Bs 20.000.
El 27 de marzo, el fiscal Javier Gorena informó que enviaron un requerimiento al TSJ para acceder a la nómina de funcionarios de la Sala Social Primera para después convocar a quienes debían prestar declaraciones y así establecer quién o quiénes podrían estar implicados en este hecho de corrupción.
Los dos magistrados de la referida Sala, José Antonio Revilla y Esteban Miranda, denunciaron por separado este caso en la Fiscalía; también lo hizo la Unidad de Transparencia del TSJ. El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que su cartera de justicia también se apersonaría con una denuncia, pero hasta ahora no lo hizo.
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