Auditoría responsabiliza a jueces en caso de Cafferata
Un informe de auditoría jurídica del Consejo de la Magistratura solicitada por el Consulado General de Perú en Bolivia estableció responsabilidades disciplinarias por faltas graves y leves en contra de cuatro jueces, tres secretarios, un actuario y 17 oficiales de diligencias de Santa Cruz.
Un informe de auditoría jurídica del Consejo de la Magistratura solicitada por el Consulado General de Perú en Bolivia estableció responsabilidades disciplinarias por faltas graves y leves en contra de cuatro jueces, tres secretarios, un actuario y 17 oficiales de diligencias de Santa Cruz. Encontró graves irregularidades en el proceso penal en contra del ciudadano peruano Renatto Cafferata, condenado a 30 años de cárcel en Palmasola el 2011.
El informe de auditoría realizado por la abogada Lenny Lizzet Condori Tumiri estableció que los jueces Andrés Adhemar Rueda y Julio Nelsón Alba Flores, del Juzgado Quinto de Sentencia de Santa Cruz, cometieron faltas graves por no haber promovido acciones disciplinarias en contra de su personal, que causó un indebido proceso penal contra Cafferata.
Gladys Centeno, madre de Cafferata, informó a CORREO DEL SUR que esta tercera auditoría del Consejo es contundente sobre las irregularidades en el proceso penal en contra de su hijo porque revela dos documentos del expediente de juicio que eran claves en su defensa, pero que fueron “ocultados” intencionalmente por los jueces para condenar al acusado por un delito que no cometió.
“Con esta auditoría, el indebido proceso está clarísimo, este tribunal siempre escondió el anexo 1 y 2 (del cuaderno de investigaciones), que no fueron presentados en los tribunales de alzada adonde recurrimos en busca de justicia. En estos anexos se evidencia que ellos (los jueces) desaparecieron folios, demoraron el resultado del ADN que eximía de responsabilidad a Renatto y lo condenaron sin verificar estas pruebas a su favor”, sostuvo.
La auditoría recomienda que estos indicios de responsabilidad contra los jueces y su personal de apoyo sean remitidos al Encargado de Control y Fiscalización del Consejo en Santa Cruz, para que interponga la correspondiente denuncia ante el juzgado disciplinario.