El TCP frena convocatoria para elecciones judiciales

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en un tiempo récord de cuatro días, admitió y dispuso la suspensión provisional de la convocatoria para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, cuyo proceso, de esta manera, se paraliza por segunda vez.

El diputado de Creemos Leonardo Ayala observó que la convocatoria y el reglamento fueron aprobados por mayoría absoluta y no por dos tercios, tal como, según su criterio, establece la Constitución Política del Estado (CPE).

El 14 de abril, la Sala Constitucional Primera de Beni admitió un recurso de amparo constitucional interpuesto por el abogado Miguel Ángel Balcázar, quien aquella vez observó el requisito de que los candidatos no hayan expresado posturas políticas de manera pública, con el argumento de que vulneraba la libertad de expresión. Así, se dejó sin efecto por primera vez tanto el reglamento como la convocatoria a postulantes.

Seis días después, el 20 de abril, la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó las modificaciones al reglamento y la convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados. Luego, comenzó el registro de postulantes.

Pero, habiendo transcurrido solo cuatro días más, el 24 de este mes, el diputado Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta (AIA) en el TCP. Arguyó que el reglamento y la convocatoria deben ser aprobados mediante una ley, tal como ocurrió en el proceso de 2017, y deben ser aprobados por dos tercios de la ALP, según dice que establece la CPE, y no solo por mayoría absoluta.

“Consiguientemente, la facultad de la Asamblea Legislativa para la preselección de candidatos y candidatas deberá ser ejercida únicamente a través de una ley votada por dos tercios, correspondiendo al Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo intérprete de las disposiciones de la ley fundamental”, señala la argumentación constitucional.

El TCP, mediante su Comisión de Admisión, aceptó tramitar el recurso y emitir medidas cautelares, con lo que se suspendió la aplicación de la Resolución de la Asamblea 007/2022 y todos los actos emergentes.

REACCIONES

“¡¡¡Qué eficiencia la del TCP!!! en tiempo récord admitieron esa AIA, pero para el resto de los mortales se toman vaaaarios (sic) meses, sino años. ¿Están preparando el terreno para el decretazo del Gobierno, para elegir a dedo con el pretexto de que el proceso se cayó?”, reaccionó en su cuenta de Facebook el expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez.

En declaraciones a CORREO DEL SUR, la senadora Silvia Salame (CC), por su parte, recordó que ella insistió en que este proceso debe ser regulado con una ley, porque había el riesgo de que “les iban a caer una lluvia de acciones constitucionales… dicho y hecho”.

En su criterio, no hay posibilidades de ampliar el mandato de los actuales magistrados. Dijo que estos no pueden quedarse ni un día después del 2 de enero de 2024 y señaló que tampoco se puede nombrar a reemplazantes por decreto, como ocurrió en la gestión de Evo Morales, porque la CPE vigente lo impide.

Salame dijo que estas acciones “indudablemente están dirigidas por el propio TCP porque los beneficiados creen que serán ellos si se ampliara su mandato, lo cual es imposible”.  

Además, recordó que el promedio de tiempo para admitir una demanda de inconstitucionalidad en el TCP es de un año, y puso de ejemplo las que ella misma presentó, sobre casos de incendios y contaminación, y que demoraron casi dos años en ser admitidas.

“Misteriosamente, esta acción que se presentó hace cuatro días fue admitida en 24 horas”, agregó la también exmagistrada del TCP.

La senadora Salame denunció que precisamente el 24 de abril la página web del TCP estuvo caída por un supuesto ‘hackeo’. “¿Para qué? Para borrar ciertos datos, porque se dieron cuenta que estábamos haciendo una investigación, y para hacer ingresar esta demanda como si ese día se hubiese presentado”, aseveró.

POSTULANTES

Hasta antes de conocerse esta resolución, una comisión legislativa había recibido los documentos de 22 postulantes, de los cuales cinco aspiraban al TCP, ocho al TSJ, dos al Tribunal Agroambiental y siete al Consejo de la Magistratura.

Más reacciones

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, indicó que las actuales autoridades judiciales están cumpliendo un mandato de seis años que culmina el último día de mes de este año. “Cualquier otra decisión es especular en este momento. Tenemos una Asamblea Legislativa para acoger las impugnaciones de cualquier ciudadano y debemos esperar que este tema sea resuelto en el marco del derecho y nuestra normativa”, sostuvo.

Según el diputado Carlos Alarcón (CC), el Gobierno busca “imponer autoridades judiciales de facto” a través de un “decretazo”. Sugirió al Ejecutivo promover un acuerdo nacional por una mejor justicia.

A su vez, el vocal constitucional de Beni suspendido temporalmente, Charles Mejía, dijo que esta decisión es parte de una manipulación de las autoridades del TCP en acuerdo con el Gobierno.