Oposición cuestiona al TCP por rapidez en admisión de recurso que paralizó la preselección judicial
La senadora de CC y exmagistrada Silvia Salame denunció que, en el Tribunal Constitucional, el promedio para admitir una demanda de inconstitucionalidad es de un año.
El Tribunal Constitucional Plurinacional. Foto: ARCHIVO Uno de los casos, sino es el único, en el que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) y otorgó medidas cautelares fue cuando dejó en suspenso la vigencia de la Ley del notariado en 2014, pero esa determinación les costó el cargo a los magistrados de la Comisión de Admisión, Gualberto Cusi, Soraide Chanez y Ligia Velásquez que fueron llevados a juicio de responsabilidades y suspendidos de funciones, según la senadora de CC, Silvia Salame.
“La única vez que se admitió medidas cautelares en una Acción de Inconstitucionalidad fue con la Ley del Notariado que fue motivo de un juicio de responsabilidades contra los tres magistrados miembros de la Comisión de Admisión que fueron destituidos”, señaló la asambleísta al cuestionar la decisión del TCP que en “tiempo record” admitió un recurso y dejó en suspenso el proceso de preselección judicial.
En 2014, Salame fungía como presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), y ese año, junto al diputado Juan Luis Gantier, plantearon una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley del notariado que disponía la dependencia de los notarios al Ministerio de Justicia despojándolo del Consejo de la Magistratura, hecho que al final se concretó.
LA RAPIDEZ
La legisladora chuquisaqueña dijo que en el TCP, el promedio para admitir una demanda de inconstitucionalidad es de un año, y aseguró que ella tiene demandas que demoraron entre nueve meses en un caso, y un año y siete meses en otro, en ser admitidas.
Pero en la AIA del diputado beniano Leonardo Ayala (Creemos), “misteriosamente” el recurso fue presentado el 24 de abril, admitido cuatro días después por la Comisión de Admisión del TCP que dictó medidas cautelares que dejan en suspenso por segunda vez el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales.
“No podemos permitir que gente de pocos principios morales se atreva a emitir una resolución como esta, donde a través de una acción de inconstitucionalidad pueda parar un proceso de elecciones, es realmente intolerable”, manifestó.
El abogado constitucionalista Jaime Hurtado vaticinó que no habrá elecciones judiciales este año por decisión política del gobierno de Luis Arce, porque estas elecciones, ahora en un contexto de crisis económica en el país, podría significarle un “desgaste” y mayor descrédito y sostiene que se vale de un diputado de Creemos para que el TCP “le ponga un candado” al proceso de elecciones judiciales.
