Un mandamiento de comparendo en contra de Germán Antonio Vidaurre Villanueva, director de radio Fides Potosí, activó las alarmas en las organizaciones de periodistas de esta ciudad, que salieron el lunes en defensa de la Ley de Imprenta
Los pronunciamientos surgieron tras una versión en sentido que el gobernador potosino Jhonny Mamani había solicitado la aprehensión de un comunicador, por no presentarse a declarar en su condición de testigo en el juicio por difamación que la autoridad le sigue al asambleísta Oswaldo Jaime Flores.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí envió una carta a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Jhovanna Alarcón, pidiendo respeto a la Ley de Imprenta.
La versión inicial fue que el periodista Vidaurre no acudió el pasado viernes a la convocatoria del juez que tramita esta causa, Jhonny Germán Buhezo Choque, alegando estar protegido por la Ley de Imprenta y que los abogados del Gobernador pidieron su aprehensión.
Gobernación dice que no pidió la detención
La abogada Claudia Vedia, patrocinante del Gobernador en el juicio por difamación que esa autoridad le sigue al asambleísta Oswaldo Jaime Flores, aclaró que su representado no pidió la aprehensión del director de Radio Fides Potosí, sino que ese criterio fue manejado por el juez que dirige esta causa, debido a que el periodista no se presentó a declarar como testigo de descargo del acusado.
“El señor Gobernador en ningún momento ha solicitado la aprehensión del periodista Germán Vidaurre, sino que la persona que ha vertido los comentarios ha tergiversado esta verdad”, dijo la abogada, en aparente alusión a Flores.
Según Vedia, lo que hizo el juzgado es aplicar el poder de compulsión, que busca garantizar que un testigo se presente a declarar cuanto sabe de un caso.
Denuncia por difamación
El juicio fue iniciado por Mamani en contra de Flores a raíz de las constantes declaraciones de prensa que el asambleísta hacía sobre el caso de la presunta corrupción en el intento de compra de 41 ambulancias. El legislador departamental es uno de los denunciantes de ese caso, junto al Comité Cívico Potosinista.
En contacto con el diario El Potosí, Flores dijo que el verdadero propósito del proceso penal es limitar su derecho a informar sobre las ambulancias e incluso el de fiscalizar los actos del gobernador.
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