Defensor pide a la Fiscalía investigar denuncias de tortura del cocalero César Apaza
Apaza sigue recluido en la cárcel de Chonchocoro
A ocho meses de la aprehensión del dirigente cocalero César Apaza, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Fiscalía General investigar las circunstancias de su aprehensión y a Régimen Penitenciario asumir medidas para su acceso a la salud.
“Existe una obligación del Estado de iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva cuando hay una alegación por parte de la víctima de haber sufrido tortura, o existen otros motivos razonables que hagan suponer que ha ocurrido un acto de tortura o de malos tratos y (en el caso de Apaza) existen algunos elementos que hacen necesario que se active el mandato del Ministerio Público para investigar los hechos ocurridos”, dijo este viernes el responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, según un boletín de prensa.
La resolución defensorial emitida en el caso de Apaza plantea que la investigación se realice aplicando el estándar internacional para la investigación de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
“Recomendar a la Fiscalía General de Estado instruir se investigue de manera pronta, imparcial y efectiva, aplicando el Protocolo de Estambul, los hechos que afectaron la integridad física y psicológica de Julio Cesar Apaza Tintaya durante su aprehensión, traslado y estadía en la FELCC La Paz, el 22 de septiembre de 2022, de conformidad a lo establecido en los artículos 15 parágrafo I; 114 parágrafo I; y 225 de la Constitución Política del Estado; los artículos 16; 70 del Código de Procedimiento Penal, y artículos 3; 8; 38 de la Ley 260 de 11 de julio de 2012”, señala la resolución.
La recomendación también incluye a la Dirección de Régimen Penitenciario para que garantice a Apaza el acceso a la salud y reciba su tratamiento médico según su diagnóstico.
Apaza fue aprehendido por policías el 22 de septiembre de 2022, tras lo cual denunció torturas. El exdirigente está acusado de la quema del mercado ilegal de la coca en La Paz, tras continuas movilizaciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) contra la organización paralela afín al Gobierno.
En marzo, sufrió una embolia y su defensa presentó una acción de libertad, pero la justicia no le dio curso, en medio de críticas ciudadanas.