Cerca de 100 personas aprehendidas por desvío de combustibles, según la ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó este domingo que, en un mes de aplicación del Plan Soberanía, suman 94 personas aprehendidas y derivadas al Ministerio Público para que sean procesadas penalmente por la Ley N° 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.

El director de la ANH, Germán Jiménez, manifestó que ninguna persona puede transportar, almacenar ni comercializar si no cuenta con la autorización correspondiente, bajo riesgo de ser denunciada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y de recibir sanciones entre 4 a 8 años de cárcel.

Más de 600 operativos

Hasta la fecha, en 638 operativos, se clausuraron tres estaciones de servicios, se decomisaron 656 instrumentos de contrabando y se incautó un inmueble por servir al desvío de combustible. Además, existen 27 estaciones de servicios del Plan Soberanía que se encuentran resguardadas por 138 efectivos para evitar el contrabando a otros países.

La autoridad destacó también que unos 50 vehículos llamados “lecheritos” fueron enviados al Ministerio Público, de los que 10 ya están en proceso y el resto, en fase de notificación, por cargar en tres meses cerca de 4 millones de combustibles sin especificar motivo ni destino.

Aclaró que 170 cisternas que transportan combustible hacia las fronteras ya cuentan con GPS. Ocho cisternas fueron incautadas por llevar combustible destinado a la minería ilegal y los conductores serán procesados penalmente, según manifestó al canal estatal.

Controles

Por ahora, la ANH cumple el cronograma de socializar con todos los sectores los decretos 4910 y 4911 para incorporar medidas de control del abastecimiento de carburante. Anunció que YPFB exigirá a todas las cisternas que tengan el sistema RFID-Identificación por Radio Frecuencia para garantizar el suministro de combustibles.

Explicó que hasta el momento los sistemas de control aplicados por el Gobierno permitieron incautar en un mes 320 mil litros en La Paz, en su mayoría de diésel, a diferencia de la gestión 2017-2020 que solo incautó 280 mil litros.

Recomendó a la población no dedicarse al desvío del combustible porque los controles serán más rigurosos, una vez acabe el plazo de 60 días (junio de 2023) cuando asumirán el control total de la trazabilidad, posicionamiento global y comience la interoperabilidad en un solo sistema entre la Dirección General de Sustancias Controladas, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.